Guadalajara, Jalisco.
Por suministrar agua de mala calidad y a precios que consideran excesivos, ciudadanos integrantes de diferentes colectivos presentaron este jueves en el Congreso del estado una solicitud de juicio político en contra del titular del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Carlos Enrique Torres Lugo, y cuatro presidentes municipales que forman parte de la junta de gobierno del organismo, Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque.
Previo a entregar la solicitud de juicio político, los ciudadanos ofrecieron una rueda de prensa en donde reprobaron que los diputados estén ya en busca de nuevos cargos de elección popular cuando no han llamado a cuentas al Siapa tras los frecuentes reportes de agua contaminada que ha suministrado a los domicilios del Área Metropolitana de Guadalajara.
"Nosotros hoy presentaremos juicio político principalmente por la responsabilidad de omisión de las autoridades que sabiendo esta grave contaminación que tiene el agua nos la proporcionen. El abuso de autoridad porque nos están cobrando cuotas que de acuerdo con el artículo 15 constitucional es un derecho que tenemos todos los ciudadanos", dijo Javier Becerra, uno de los ciudadanos inconformes.
"Con qué cara van a pedirle al ciudadano o con qué desvergüenza van a pedir un nuevo cargo si tienen que resolver este tema, este tema es un tema sensible, no podemos abandonar el barco, sean regidores, alcaldes, tienen qué resolver esto antes de irse".
Además de que el año pasado la calidad del agua del Siapa se puso en tela de juicio debido a los altos niveles de turbiedad con que se entregó en los domicilios, el organismo operador reporta en sus informes que 13 % del volumen total del flujo que surte a la metrópoli proviene del río Santiago, que maquilla bajo el nombre “planta de bombeo dos”, de ahí se extraen 44 millones de litros a pesar de que se trata de un cauce en donde se han encontrado más de mil contaminantes de diversa naturaleza química.
Por utilizar esta fuente de abasto, investigadores como Cindy McCulligh han advertido que es agua insegura debido a que no recibe el tratamiento adecuado de descontaminación para consumo humano, sin embargo, según el organismo operador, la totalidad del recurso natural que suministra cumple con las normas oficiales mexicanas.
Los promoventes del juicio político exigieron que se sancione a los responsables tanto de la mala calidad del agua como de la administración de los recursos que recibe el Siapa.
"Aquí la situación es que nos están cobrando un agua envenenada, principalmente el juicio político también estriba en esto, alguien se sacó de la manga que se tenía que cobrar, yo les conmino a que revisen el artículo 115 a lo que tiene derecho el ciudadano y por qué nos están cobrando esta agua de mala calidad. Aparte que vamos ya a acabar con esta caja chica que ha sido el Siapa durante vario tiempo, no ha sido fiscalizada", añadió Javier Becerra.