Ciudad de México, México. 

La recién electa presidenta de México, la izquierdista Claudia Sheinbaum, enfrenta su primer reto: convencer a los mercados de que habrá prudencia fiscal y estabilidad macroeconómica durante su gobierno.

Sheinbaum, quien gobernará con mayorías legislativas según la proyección de las autoridades electorales, se apresuró a ratificar en el cargo al actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, luego de que el lunes la Bolsa mexicana se desplomara 6% y el peso perdiera un 4,3% frente al dólar.

• El propio ministro reforzó el mensaje este martes durante una llamada con inversionistas, que según medios mexicanos duró apenas dos minutos.

La nueva administración, que arrancará el 1 de octubre, tendrá como prioridad "la estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y la viabilidad" de sus objetivos fiscales, según la transcripción de lo dicho por el secretario, que difundió la secretaría de Hacienda.

"Confirmar a los organismos internacionales e inversionistas privados que nuestro proyecto se basa en la disciplina financiera, acatando la autonomía del Banco de México (central), el apego al estado de derecho y facilitando la inversión privada nacional y extranjera", añadió.

El jerarca dijo también que estrechará la colaboración con la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), "aprovechando el apoyo en el Congreso para optimizar el buen uso de los recursos públicos".

El presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que basa su gran popularidad en amplios programas sociales, ha inyectado millones de dólares a la petrolera, aduciendo que es un "baluarte" de la 12ª economía mundial.

- Supermayoría en el Congreso -

Uno de los mayores desafíos del gobierno de Sheinbaum es el déficit fiscal para este año, de 5,9% del PIB según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), y las débiles finanzas de Pemex.

Según la proyección oficial, la coalición de gobierno controlará dos tercios de la Cámara de Diputados, mientras que su votación para el Senado también está en el rango de una posible supermayoría.

El nuevo Congreso mexicano tomará funciones el 1 de septiembre próximo.

López Obrador propuso al Legislativo un polémico plan de reformas constitucionales para que jueces y magistrados sean electos por voto popular, y aumentar las pensiones que son administradas por fondos privados.

Víctor Ceja, economista en jefe de la firma financiera Valmex, afirmó que entre los cambios que podría aprobar un Congreso dominado por el oficialismo están "la eliminación de organismos autónomos (...) y restricciones a la participación privada en sectores estratégicos" como la energía.

"De aprobarse estos cambios, aumentaría la carga fiscal (para el Estado), lo que dificulta la disminución del déficit público, y la inflación podría permanecer elevada por un período prolongado", explicó.