Guadalajara, Jalisco.

El asesinato del activista Higinio de la Cruz en la sierra de Manantlán, tiene de fondo todo un sistema de corrupción donde están involucradas autoridades municipales de Cuautitlán, del gobierno del Estado y del Federal.

Lo anterior, a causa de que en la región están asentadas 10 mineras que operan en forma ilegal y eso no es posible sin todo un aparato de macro criminalidad, indicó Eduardo Mosqueda, abogado que tomó el caso de dicho activista.

Asimismo señaló que es necesaria una profunda y justa investigación, pues no puede haber conformismo con solamente la prisión preventiva que recae en el ex funcionario Juan “N”, uno de los probables participes y reciba 14 órdenes de aprehensión en su contra.

"Este caso no se trata solamente de un ex comisariado, ni tampoco solamente de ejidatarios o de líderes que fungían y que desarrollaron de mala forma sus actividades si no va más grande, va más allá.

En él hay una minería ilegal, esta minería ilegal no se lleva a cabo si no hay, imagínate, muchas organizaciones como la red jalisciense de derechos humanos y nosotros también, hemos denunciado que hay aproximadamente 10 minas ilegales en la zona.

díganme si esto es posible sin que haya un acuerdo y una corrupción a nivel municipal Estatal y federal, no es posible”.

Eduardo Mosqueda señaló que es evidente la incapacidad del Estado para evitar la violencia y hacer justicia, porque en el país se vive todo un pacto de impunidad

"El crimen organizado y las grandes empresas extractivas que no respetan los Derechos Humanos, ni las leyes, solamente pueden trabajar porque hay un pacto de impunidad, y ese pacto de impunidad no ha terminado con estos partidos políticos.

Uno, por ejemplo, que dice que hay que acabar con la vieja política, bueno son representantes de la vieja política, no sé qué política nueva están hablando y las otras como es una transformación, que no tiene nada de transformación”.