Guadalajara, Jalisco. 

La doctora Aleida Azamar Alonso, experta en economía ecológica y vicepresidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, advirtió que la transición energética verde, presentada como una solución al cambio climático, no está exenta de graves consecuencias socioambientales.

Durante su intervención en el XIII Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad, Azamar destacó cómo la extracción de minerales críticos, como el litio y el cobalto, reproduce patrones de explotación y desigualdad en las comunidades más vulnerables.

La paradoja de los minerales verdes

Aunque las tecnologías renovables prometen un futuro más limpio, su fabricación depende de la extracción de minerales estratégicos. Para producir la batería de un auto eléctrico, por ejemplo, se requieren 20 kilogramos de litio y 10 de cobalto. “Este modelo de transición no sustituye las fuentes fósiles, sino que las acumula, perpetuando la dependencia de recursos no renovables y la explotación ambiental”, señaló Azamar.

Un proyecto minero para extraer litio puede consumir hasta 600 litros de agua por minuto, equivalente al consumo diario de dos personas. Este desbalance es crítico en regiones semiáridas como el Bajío o Zacatecas, donde la extracción minera compite directamente con las necesidades hídricas de las comunidades locales. "No podemos comer litio ni beber petróleo; es urgente replantear nuestras prioridades", agregó.

El impacto social de la minería

Azamar denunció las condiciones de trabajo en la minería, que calificó como “modernas formas de esclavitud”. Los mineros trabajan jornadas de hasta 14 horas durante semanas consecutivas en entornos peligrosos y con severos riesgos de salud. Además, la actividad minera contribuye mínimamente a las economías locales.

Según datos presentados, la minería genera solo el 0.5% de los ingresos fiscales de México y menos del 2% del empleo formal, mientras deja tras de sí pobreza y degradación ambiental.

De las 20 comunidades más importantes en extracción minera en el país, 13 viven en pobreza y 7 en pobreza extrema. “La riqueza mineral no se queda en las comunidades ni en el país. Las ganancias se concentran en grandes corporaciones que utilizan apenas el 1% de sus ingresos para inversión social, mientras desplazan a poblaciones y militarizan territorios”, denunció.

Superposición de megaproyectos

Azamar destacó cómo en regiones como Oaxaca o el Istmo de Tehuantepec, la minería se combina con proyectos de energías renovables, gasoductos y grandes infraestructuras, agravando las condiciones de vida de las comunidades indígenas. “El viento capturado en Oaxaca no beneficia a las comunidades, sino a empresas como Iberdrola y Bimbo”, enfatizó, cuestionando el discurso de sostenibilidad detrás de estos proyectos.

¿Es posible un modelo diferente?

Pese al sombrío panorama, Azamar dejó abierta la posibilidad de construir alternativas basadas en modelos comunitarios y autogestivos. Citó el ejemplo de cooperativas en la Sierra Norte de Puebla que han desarrollado economías locales y sostenibles durante más de 40 años. “El litio, el oro y otros minerales no son para nosotros. Son recursos acumulados en bancos y grandes corporaciones. Es momento de aprender de comunidades que ya practican formas de vida sostenibles”, concluyó.