París, Francia
El mundo en desarrollo necesita billones de dólares para luchar contra el cambio climático, pero ¿quién debe pagar? ¿Las naciones ricas? ¿Los grandes contaminadores? ¿Los países que se enriquecieron quemando combustibles fósiles? ¿O todos ellos?
Este es el debate que se avecina en las negociaciones de la COP29 de noviembre en Azerbaiyán, ya que China y otras economías emergentes importantes están bajo presión para contribuir más en favor de los países más pobres.
Se espera que en la conferencia climática de la ONU COP29 se logre un nuevo acuerdo que aumente significativamente la asistencia financiera a los países que tienen menos capacidad para reducir las emisiones de carbono y adaptarse al calentamiento global.
Actualmente, la factura anual de 100.000 millones de dólares es asumida básicamente por una lista de países que eran los más ricos e industrializados cuando se redactó la convención climática de la ONU en 1992.
Estos donantes, que incluyen entre otros Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Japón, reconocen que se necesita más dinero y están dispuestos a seguir pagando el financiamiento climático donde más se necesite.
Sin embargo, quieren que otros compartan la carga, específicamente los países en desarrollo que se han vuelto más prósperos y contaminantes desde que se elaboró la lista original de donantes.
Aunque no se mencionan públicamente, China —hoy el mayor contaminador del mundo y la segunda economía más grande— es el objetivo obvio, pero también podrían entrar en el debate países como Singapur y estados ricos en petróleo del Golfo, como Arabia Saudita.
Es "totalmente justo agregar nuevos contribuyentes, dado el continuo cambio de las realidades y capacidades económicas", argumentó el gobierno estadounidense en agosto en un escrito dirigido a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
- "Mala fe" -
Diplomáticos de otros países desarrollados han expresado lo mismo, argumentando que la lista de contribuyentes se basa en nociones anticuadas de ricos y pobres, y que cualquiera que pueda pagar, debería hacerlo.
Algunos han propuesto nuevos criterios para juzgar a los posibles contribuyentes, como los niveles de ingresos, el poder adquisitivo o sus emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta.
Los llamamientos para ampliar la base de donantes son muy impopulares y han provocado discusiones acaloradas en los meses previos a la COP29, que se llevará a cabo del 11 al 22 de noviembre en Azerbaiyán, un país rico en petróleo y gas, y que también está clasificado como en desarrollo.
Los donantes han sido acusados de imponer este tema en la mesa de negociaciones mientras se niegan a abordar la cuestión central de cuánto planean pagar.
Para algunos involucrados, "esto fue la definición literal de negociar de mala fe", dice Iskander Erzini Vernoit, de la Iniciativa Imal para el Clima y el Desarrollo, un grupo de expertos con sede en Marruecos.
"Ha ocupado mucho tiempo y mucho oxígeno", dijo a la AFP. "Por el bien de los países más pobres y vulnerables del mundo, no es justo mantener todo el proceso como rehén", indica este experto.
Los países en desarrollo están presionando para lograr el compromiso más fuerte posible en la COP29 que garantice el financiamiento adecuado para proyectos de energía limpia, barreras defensivas contra el mar y otras medidas de adaptación climática.
Los negociadores están lejos de llegar a una cifra concreta, pero algunos países en desarrollo están pidiendo más de un billón de dólares al año.
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En una declaración de la CMNUCC en agosto, la UE advirtió que "el objetivo colectivo solo se puede alcanzar si las partes con altas emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) y capacidades económicas se suman al esfuerzo".
- Discurso duro -
Para los países en desarrollo, decidir quién paga no es negociable: el acuerdo climático de París de 2015 reafirmó que los países desarrollados, desproporcionadamente responsables del calentamiento global hasta la fecha, deben cubrir los costos.
En una declaración conjunta en julio, China, India, Brasil y Sudáfrica rechazaron rotundamente "los intentos de los países desarrollados de diluir sus obligaciones legales de financiamiento climático bajo el derecho internacional".
El principal negociador de Azerbaiyán, Yalchin Rafiyev, dijo a la AFP en septiembre que la brecha entre Estados Unidos y China sobre este tema se estaba "reduciendo" con un "suavizamiento" de posturas en ambos lados.
China, como otros países en desarrollo, ya tiene su propia línea de financiamiento climático, en sus propios términos.
Entre 2013 y 2022, China pagó un promedio de 4.500 millones al año a otros países en desarrollo, según un informe del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) publicado en septiembre.
Esto equivale a aproximadamente el 6% de lo que pagaron los países desarrollados en el mismo período, señaló este grupo de expertos. China no está obligada a reportar esto a la CMNUCC, y no se cuenta para el objetivo colectivo.
Los analistas creen que es muy poco probable que se agreguen formalmente nuevos donantes en la COP29, aunque algunos países podrían acordar contribuciones voluntarias en apoyo del objetivo general.
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