Guadalajara, Jalisco.

Un grupo de 282 profesoras y profesores de distintas instituciones universitarias exigió al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, la liberación inmediata y sin cargos de las personas detenidas durante la manifestación del domingo 11 de octubre, en la que miles de ciudadanos protestaron por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Mediante una carta pública fechada este lunes, los académicos condenaron lo que calificaron como una respuesta represiva de las autoridades estatales frente a una manifestación ciudadana que reclamaba el derecho al agua potable.

“Un Estado democrático no debería responder con violencia desmedida ante reclamos legítimos, como el derecho al agua potable”, señalaron.

Los firmantes denunciaron que elementos antimotines utilizaron gases lacrimógenos, chorros de agua, encapsulamientos y golpes contra manifestantes, entre quienes se encontraban personas adultas mayores y menores de edad.

EFE/ Francisco Guasco

Exigencias a autoridades y contexto de la crisis del agua

También recordaron que, hasta la tarde del domingo, se había reportado la detención de 39 personas, en su mayoría jóvenes, trasladadas a instalaciones de la Fiscalía del Estado.

“Exigimos su liberación inmediata, sin cargos, y que se garantice su integridad física”, expresaron en el documento.

Entre los académicos que respaldan el pronunciamiento se encuentran Jorge Alonso Sánchez, Jaime Preciado, Guillermo de la Peña, Jacobo Dayán, Celia del Palacio, Renée de la Torre, Darwin Franco, Máximo Jaramillo y Sofía Mendoza Bohne.

• La carta reúne firmas de docentes e investigadores de la Universidad de Guadalajara, ITESO, CIESAS, UNAM, Tecnológico de Monterrey y otras instituciones nacionales e internacionales.

Los profesores también advirtieron que la crisis del agua se ha extendido a cientos de colonias metropolitanas, donde habitantes denuncian recibir líquido turbio, con malos olores y residuos.

Señalaron que existen análisis de organizaciones que reportan contaminantes potencialmente peligrosos para la salud, por lo que consideraron que la problemática representa una vulneración al derecho humano al agua establecido en el artículo cuarto constitucional.

“La protesta social es un derecho y no debe criminalizarse, mucho menos cuando lo que se defiende es el acceso al agua potable”, concluyeron.

El pronunciamiento se suma a las exigencias de organizaciones civiles y universitarias para esclarecer las detenciones y la actuación de las autoridades durante la movilización.