Guadalajara, Jalisco.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, exigió al Gobierno de Jalisco investigar el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas durante la manifestación del domingo 11 de octubre, cuando miles de personas protestaron para exigir agua limpia.

En entrevista con UDG Noticias, Olivares Ferreto sostuvo que las imágenes y los testimonios recabados por la organización muestran una actuación policial desproporcionada, que incluyó el uso de gases lacrimógenos, agua para dispersar a manifestantes y detenciones de personas que incluso no participaban en la protesta.

La representante de Amnistía Internacional advirtió que existe incertidumbre sobre el número de detenidos. Mientras las autoridades reconocieron 39 arrestos, organizaciones civiles y testigos reportaron hasta 50 personas privadas de su libertad.

También denunció que algunas personas liberadas presentan golpes y que existen señalamientos sobre la falta de atención médica y las dificultades para acceder a una defensa legal.

“Las autoridades del estado de Jalisco, me refiero claramente al gobernador, al fiscal del estado de Jalisco, tienen el deber de garantizar los derechos de las personas detenidas. Las personas que están detenidas están bajo custodia del Estado. Entonces, cualquier cosa que les pase a esas personas es responsabilidad del Estado”.

Olivares Ferreto informó que Amnistía Internacional enviará una notificación formal al Gobierno de Jalisco para solicitar información oficial sobre las detenciones y las actuaciones policiales.

Además, señaló que la Relatoría de Naciones Unidas sobre libertad de reunión ya se pronunció sobre los acontecimientos.

Impacto en la comunidad y exigencias de Amnistía Internacional

La organización considera indispensable una investigación con supervisión de organizaciones civiles que permita identificar tanto a los agentes involucrados como a quienes ordenaron las acciones policiales.

“La protesta que se desarrolló en Guadalajara es una protesta legítima. Las autoridades ahora tienen, en vez de un problema que era resolver el tema del agua, que es una protesta absolutamente legítima, ahora abrieron un abanico de problemas”.

Finalmente, exigió garantizar el debido proceso de las personas que permanecen detenidas, permitirles elegir su representación legal y transparentar las investigaciones.

• Subrayó que corresponde al Estado demostrar cualquier conducta delictiva atribuida a los manifestantes y sancionar a quienes resulten responsables de violaciones a los derechos humanos.