Guadalajara, Jalisco. 

Ocho organizaciones se quejaron de que el Poder Judicial Federal a través de jueces de distrito ponen trabas y desechan amparos contra el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano.

Reclaman a 10 autoridades municipales, estatales y, principalmente metropolitanas.

La luchadora en defensa del agua, Angélica Ramos Gómez y habitante de Santa Cruz de las Flores en Tlajomulco, dijo:

"Como el consejo ciudadano metropolitano, la Junta de Coordinación Metropolitana, el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano y el propio IMEPLAN. Por ejemplo, en los juzgados

han llegado al absurdo de no aceptar que son vecinos de zonas afectadas por el POTMet

ni al mostrarles credenciales de elector, actas de nacimiento, escrituras, pago de predial y aun así los amparos son desechados. Tal fue el caso específico del Juez Séptimo Agustín Archundia Ortiz con especialidad en Derecho Inmobiliario negó el amparo para activistas de Tlajomulco, Juanacatlán y Tonalá.

• Las personas activistas exigen que se reponga el proceso de consulta pública.

En rueda de prensa explicaron que el POTmet contraviene el decreto del Polígono de Alta Fragilidad de la Cuenca de El Ahogado y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo

la reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador al artículo 148 impidió que el Juez Quinto Carlos Calderón Espinoza pudiera otorgar la suspensión provisional

por los riesgos a la salud y al ambiente que puede causar la aplicación de este instrumento de planeación en El Salto.

“López Obrador argumentó que la reforma se impulsaba en respuesta a los amparos resueltos en favor de grupos de poder que han saqueado al país.

Pero ahora esto nos deja en indefensión a la sociedad en general, a los pueblos y comunidades que nos enfrentamos a decisiones gubernamentales

y legislativas que imponen un orden en favor de intereses industriales e inmobiliarios, como es este ordenamiento metropolitano”.