Guadalajara, Jalisco

Durante cuatro horas, el gabinete estatal de seguridad compareció ante diputados locales, para explicar la actuación de los cuerpos policiacos en la manifestación del 11 de octubre. 

Sin embargo, los secretarios de Seguridad, Juan Pablo Hernández; de Gobierno, Carlos Arias Madrid; el coordinador de Seguridad, Roberto Alarcón; y el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, solo reconocieron que hubo excesos de policías estatales en lo individual, pero no mencionaron a ningún mando como responsable, pese a que se les hizo esa pregunta en repetidas ocasiones.

“¿Quién ordenó reprimir a los manifestantes?”, fue la pregunta que se hizo en diversas ocasiones.

El secretario de Seguridad Pública solo señaló que hay 17 policías estatales bajo investigación, de los cuales tres son mandos.

La diputada Mariana Casillas, expresó lo siguiente a los integrantes del Gabinete de Seguridad:

“Tenemos aquí presentes a los responsables de garantizar seguridad, de garantizar orden y vaya forma de garantizar orden y seguridad para las personas del estado.

¿La seguridad la garantizaron para quién? ¿qué clase de orden es el que están defendiendo ustedes?, porque le pasado 11 de octubre, mientras miles de personas exigían su derecho humano al agua limpia, sus policías respondieron con gases lacrimógenos, sus policías respondieron con chorros de agua a presión, sus policías respondieron golpeando y con detenciones arbitrarias a las personas. Hubo víctimas que estuvieron incomunicadas”, aseveró.

El recién nombrado secretario de Gobierno, Carlos Arias Madrid, aseguró que del gobierno del estado no salió ninguna orden para reprimir a los manifestantes que exigían agua limpia.

Hizo un compromiso ante los diputados y ante personas que fueron detenidas el 11 de octubre, que no habrá impunidad ante quienes cometieron abusos policiacos.

“En Jalisco disentir no es un delito, manifestarse pacíficamente es un derecho y criticar al gobierno no convierte a nadie en el enemigo del estado”, aclaró.

El legislador Enrique Velázquez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, les preguntó a los funcionarios estatales: ¿Qué falló en las dos manifestaciones por el agua? Hay datos de que algunos inflitrados se comunicaban con policías.

“La CNDH acreditó la actuación coordinada entre agentes de seguridad y personas señaladas como infiltradas que cometieron actos de violencia. Detectaron la intervención de personal operativo y de choque vestidos de civil o con equipos antimotines sin distinción corporativa o institución visible.

Con base en el seguimiento de la manifestación del 18 de octubre constató que manifestantes pacíficos retuvieron a personas sospechosas de provocar altercados y las entregaron directamente a elementos de seguridad. Si esto que dice la CNDH se comprueba, es un asunto grave”, advirtió Velázquez.

El coordinador del gabinete de Seguridad, Roberto Alarcón, reconoció algunos excesos, pero defendió la actuación general de la Policía Estatal.

“La actuación de la autoridad, en su mayoría fue apegada a derecho, quienes hayan actuado al margen de la ley o incurrido en abuso de funciones o en violaciones a los derechos humanos serán sancionados una vez que las investigaciones concluyan y se determine el grado de participación de cada uno.

De estos hechos resultaron 84 personas lesionadas: 48 fueron civiles, 32 policías y cuatro bomberos”, indicó.

Tras decenas de preguntas, concluyó la comparecencia, tras de la cual se exigió al secretario de Gobierno que remita un informe por escrito de la cadena de mando y se exigió que se restituya el daño causado a las 39 personas detenidas, algunas de las cuales sufrieron la pérdida de sus dientes, o fracturas en las piernas.   

• Ocho personas detenidas estuvieron presentes durante la comparecencia.