Lima, Perú.

La Fiscalía de Perú pidió el martes 30 años y 10 meses de prisión para la excandidata presidencial derechista Keiko Fujimori, en el juicio que enfrenta por lavado de activos en el marco del escándalo de corrupción protagonizado por la constructora brasileña Odebrecht.

"En total la pena concreta para la acusada Keiko Sofía Fujimori Higuchi solicitada por el Ministerio Público es de 30 años y 10 meses de pena privativa de libertad".

EWxpresó el fiscal José Domingo Pérez al presentar el escrito acusatorio durante la audiencia del sonado caso, en el que es inculpada de recibir dinero ilegal para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016.

También, el magistrado pidió al tribunal que la acusada sea inhabilitada de ejercer cargos públicos por 15 años, lo que la dejaría fuera de carrera para las elecciones presidenciales de 2026.

Fujimori es líder de Fuerza Popular, el principal partido de derecha de Perú, agrupación por la cual se postuló tres veces a la presidencia.

La Fiscalía le imputa a la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) los delitos de lavado de activos y crimen organizado, obstrucción a la justicia, así como declaración falsa en un procedimiento administrativo.

Keiko Fujimori, de 49 años, no asistió al tribunal, adonde Pérez llegó usando un chaleco antibalas a diferencia de la audiencia previa en la que había prescindido de él.

La procesada estuvo dos veces en prisión preventiva, 16 meses en total, imputada de recibir presuntos aportes ilegales del gigante brasileño de la construcción Odebrecht por un monto de 1,2 millones para las campañas de 2011 y 2016. Fujimori siempre proclamó su inocencia.

Aunque para la época estaban permitidos los aportes a las campañas de empresas extranjeras, el Ministerio Público la procesó por no haber declarado el ingreso de dinero aportado por Odebrecht.

El juicio contra la dirigente y más de 40 coacusados - en el que están citados unos 1.500 testigos- podría tardar más de un año.

• La trama del escándalo de corrupción de Odebrecht en Perú salpicó además a cuatro expresidentes del país, entre 2001 y 2016, así como numerosos políticos.