Ocotlán, Jalisco

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco obtuvo la vinculación a proceso de Rubén “N”, exdelegado regional de la Fiscalía Estatal con sede en Ocotlán, por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, así lo dio a conocer la misma dependencia mediante un comunicado de prensa. 

De acuerdo al texto, la víctima acudió a una agencia del Ministerio Público en Ocotlán para solicitar la devolución de una camioneta utilizada para transportar fletes, que había sido robada y posteriormente recuperada. Aunque ya había acreditado la propiedad, le indicaron que necesitaba la autorización del entonces delegado regional para continuar con el trámite. 

Al acudir a su oficina, Rubén “N” presuntamente le señaló que faltaban algunos registros y que existía un problema con el papel seguridad necesario para la devolución, por lo que el trámite podría tardar más tiempo. 

En ese contexto, el imputado presuntamente solicitó 6 mil pesos para él y 500 adicionales para la trabajadora que había canalizado a la víctima a su oficina, a cambio de agilizar la devolución. 

Tras acceder a la propuesta, la víctima presuntamente presenció que el entonces servidor público realizó una llamada para instruir que se procediera con la liberación del vehículo. Al salir, se comunicó con personal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), donde le indicaron que no debía entregar dinero. 

La víctima volvió a la oficina del imputado y registró una conversación en la que planteó reducir la cantidad solicitada. Rubén “N” aceptó una propuesta de 5 mil pesos, pero rechazó que ese monto incluyera los 500 destinados a la trabajadora. 

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba que la autoridad judicial consideró suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso por cohecho. Asimismo, impuso prisión preventiva justificada por 2 meses y fijó el mismo plazo para el cierre de la investigación complementaria. 

La fiscalía anticorrupción señaló que el servicio público de procuración de justicia obliga a atender a la ciudadanía de manera gratuita; exigir pagos indebidos para cumplir esa responsabilidad constituye una conducta que la propia Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco persigue con firmeza. 

Por redacción.