Ocotlán, Jalisco

En conferencia, la Doctora María Evangelina Salinas Escobar, académica de la Universidad de Guadalajara, habló sobre las deficiencias de los municipios jaliscienses, ribereños del Lago de Chapala en el manejo del agua, así como el incumplimiento, con las normativas legales y cómo funcionan bajo un esquema administrativo que sólo atiende a emergencias.

Destacó el quebrantamiento del Código Urbano, revelando la centralización del manejo del servicio del agua en manos de los ayuntamientos municipales

“6 de los 7 ayuntamientos tienen dependencias centralizadas. ¿Qué significa? Que las tarifas se politizan porque cuando se paga el agua se distribuye y ese recurso se utiliza de manera discrecional para lo que se considera en el ayuntamiento, pero no para la infraestructura, no para mejorar la calidad del agua”

• Respecto a las normas de equipamiento, la Doctora Salinas, resaltó la falta de eficiencia en la distribución, puesto que se reduce hasta en un 50% por fugas debido a la infraestructura obsoleta y de mala calidad. Tal es el caso de Jamay, uno de los municipios afectados por esta causa, según lo presentado. 

El uso ilegal de pozos también fue una de las problemáticas planteadas por la Doctora Salinas: 

“Lo que está ocurriendo es que han encontrado que algunos pozos que fueron autorizados para la agricultura o para otros usos los está utilizando la industria

o pozos que están autorizados para por ejemplo granjas avícolas, para una actividad de tipo primaria, los están utilizando las grandes inmobiliarias para dotar de agua a estos fraccionamientos que están construyendo en las zonas periféricas.”

Salinas Escobar, propuso tres ejes indispensables para la gestión saludable acorde al marco legal:

• la formación de órganos públicos descentralizados para la administración y uso del agua en los municipios. 

• La reingeniería operativa y tecnológica que permita medir la calidad y la cantidad disponible de agua en los pozos y aguas subterráneas.

• Y la planeación de ordenamiento territorial que se apegue al Código Urbano, limitando los permisos de construcción colonial que no sean factibles.

Por José Gutiérrez