Caracas, Venezuela

El juicio por uno de los mayores escándalos de corrupción en Venezuela, que involucra al exzar del petróleo Tareck El Aissami, antiguo colaborador de Nicolás Maduro, avanza marcado por denuncias de abusos, según familiares y abogados de los acusados.

El llamado caso PDVSA Cripto se refiere a una trama que implica a exfuncionarios, banqueros, empresarios y la estatal Petróleos de Venezuela, que entre 2019 y 2023 habrían utilizado criptomonedas para desviar fondos públicos.

Además de El Aissami, que enfrenta una pena de hasta 30 años de prisión, otras 63 personas se sientan en el banquillo.

Las autoridades venezolanas cifran el daño patrimonial en 5.550 millones de dólares. Pero la ONG Transparencia Venezuela, que sigue el caso, lo estima en 16.900 millones de dólares.

En la audiencia del 12 de junio, El Aissami y el resto de los imputados negaron las acusaciones en su contra, según una minuta redactada por abogados defensores proporcionada a la AFP.

El juicio, al que la prensa no tiene acceso, comenzó el 20 de abril, dos años después de la detención de El Aissami, quien fue ministro de Petróleo y vicepresidente de Maduro, y también desempeñó altos cargos durante la presidencia de su antecesor, el fallecido Hugo Chávez.

El proceso había comenzado en 2023 con una ola de arrestos, pero quedó congelado hasta después de la caída de Maduro, capturado el 3 de enero por fuerzas estadounidenses acusado de narcotráfico.

Acciones de la autoridad y condiciones del juicio

Las audiencias transcurren en el Palacio de Justicia de Caracas con fuertes restricciones de acceso.

Familiares de los procesados hacen fila desde la madrugada para obtener uno de los únicos cuatro cupos otorgados a parientes directos. Los abogados deben entrar a la sala sin bolígrafos, relojes, teléfonos o maletines.

En su primera comparecencia, el 8 de mayo, El Aissami, de 51 años, apareció debilitado y en silla de ruedas, luego de dos años sin que se supiera públicamente de su paradero y estado.

El exfuncionario se aferra en cada audiencia a una carpeta repleta de documentos para refutar las acusaciones en su contra, según sus abogados. También narraron que ha pedido "perdón porque se siente responsable de que gente inocente" haya sido involucrada.

Testigos en una audiencia a principios de junio dijeron a la AFP que El Aissami dijo a su defensa sentirse "cerca de la muerte" por falta de atención médica tras una cirugía.

Abogados afirmaron que responsabilizó a la jueza Alejandra Romero, a cargo de la causa, de "prestarse" a violaciones de derechos humanos y subrayaron que su cliente "necesita ser operado de un testículo de manera urgente".

Testimonios y denuncias de abusos en prisión

El Aissami, como la mayoría de los imputados, está recluido en El Rodeo 1, una cárcel a las afueras de Caracas denunciada como centro de tortura por familiares de detenidos y oenegés.

Uno de los detenidos, el banquero Carmelo De Grazia, declaró que, antes de El Rodeo 1, estuvo en calabozos en Caracas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el cuerpo que lo arrestó.

Allí permaneció en una "celda de castigo denominada la tumba" con solo una rendija para respirar, de acuerdo con su testimonio del 20 de mayo, señalaron abogados.

De Grazia relató también que agentes armados lo obligaron a quitarse el uniforme de reo y a ponerse traje y corbata frente a una computadora. En una videollamada, dijo, lo forzaron a vender sus acciones de Compass Bank, un banco corresponsal de la venezolana Bancamiga.

"Esto ha sido un robo, aquí nunca ha habido interés de hacer justicia", declaró a periodistas Marianna Parra, esposa del banquero. 

"Aquí se está tratando de tapar la verdad", agregó.

Fallas técnicas 

Los acusados se quejan de la imposición de audiencias por videoconferencia con fallas técnicas.

"La conexión es pésima, el audio es deficiente, la imagen es pixelada", describieron abogados sobre una de las audiencias de la semana pasada transmitidas desde El Rodeo 1.

Indicaron que la jueza justifica la celebración de audiencias telemáticas "para garantizar la seguridad de los detenidos", tras un accidente previo del vehículo de traslado desde prisión.

• En la audiencia del lunes, la jueza dejó constancia de que no se cuenta con medios para videograbar el juicio, aunque sí se registra el audio.