Guadalajara, Jalisco. 

Madres cuidadoras de pacientes con epilepsia y otras enfermedades neurológicas exigen que se les respete el derecho a la salud de sus hijos, ya que por ignorancia, prejuicios o corrupción, no tienen acceso a medicamentos derivados del cannabis.

Madres cuidadoras denuncian corrupción y decomisos en aduanas

Mily Cruz, mamá de Eddy, explicó que tiene que viajar a Colombia cada seis meses para conseguir la medicina para su hijo. Sin embargo, en la aduana del aeropuerto se la han decomisado lo que ha afectado la salud del paciente.

“¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay un tipo de corrupción entre las aduanas y la Guardia Nacional que nos piden dinero para poder pasar este medicamento, que obviamente no está etiquetado y por el que no tenemos por qué pagar ningún impuesto

...Yo viajo con mis documentos personales, con los documentos del niño, porque Eddy es un niño que tiene 11 años de edad, que no camina, que tiene luxación de cadera y no puede viajar tantas horas, entonces, yo viajo con sus documentos y su receta, una receta expedida por un médico certificado que viene marcada con código de barras, justo como lo específica el reglamento”, explicó.

Las madres cuidadoras le pidieron al diputado Enrique Velázquez que los siga respaldando en su lucha – desde hace 13 años a la fecha- y el Congreso de Jalisco le exija a la Cámara Federal que armonice las reglas y mecanismos para la importación de estos tratamientos y evitar que sean decomisados en las aduanas.

Diputado Enrique Velázquez presenta exhorto para garantizar acceso a medicamentos

“Se han desarrollado algunos medicamentos que obliga a las familias a tener que ir por el medicamento de sus hijos a otros países

...Para este caso, este medicamento se puede obtener en Estados Unidos, donde cuesta 35 mil pesos para el tratamiento de 21 días y en Colombia ese medicamento cuesta alrededor de 1,800 pesos. Sin embargo, aquí en México no lo podemos hacer”, señaló.

El legislador presentará un exhorto al Congreso de la Unión, a la Cofepris, a la Secretaría de Hacienda, al SAT y a la Guardia Nacional, para que se garantice el acceso efectivo y seguro de medicamentos derivados del Cannabis (CBD), con fines medicinales, dando prioridad al interés superior de la niñez y el derecho fundamental a la salud.

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