Guadalajara, Jalisco

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) pagó 245 mil 504 pesos a su expresidenta, Paula Ramírez Höhne, por 48 días de vacaciones acumuladas al dejar el cargo, pese a que su Manual de Administración prohíbe acumular más de 30.

El reglamento interno sólo permite acumular días de descanso cuando las necesidades del servicio impidan tomarlos, pero fija un límite:

“En ningún caso podrá la servidora pública o el servidor público acumular más de treinta días de vacaciones”.

El monto entregado excede en 18 días ese tope y carece de soporte documental que acredite a qué periodos correspondían o por qué se autorizó el saldo.

Manual de Administración Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Guadalajara, Jalisco, noviembre de 2020, p. 16.

Ramírez Höhne presidió el organismo entre el 27 de octubre de 2021 y el 30 de junio de 2026, fecha en que causó baja por separación voluntaria. Las vacaciones representaron 58 por ciento de su finiquito bruto por 420 mil 649 pesos.

UDG Noticias ha documentado que las áreas de Administración y Asuntos Jurídicos reconocieron no haber localizado los documentos que justifiquen dichos periodos pendientes.

La irregularidad se suma a la liquidación del exsecretario ejecutivo Christian Flores Garza, quien salió en las mismas fechas con 684 mil 517 pesos brutos, elevando el gasto conjunto de ambos finiquitos a un millón 105 mil pesos brutos.

En entrevista con UDG Noticias, la contralora interna del IEPC, Mariana del Rosario García Méndez, confirmó que su oficina audita los finiquitos y prestaciones del ejercicio fiscal 2026 mediante controles posteriores al pago.

Explicó que, aunque conocieron los detalles específicos por las noticias, en este momento se realiza una revisión ordinaria y estimó tener los primeros resultados y observaciones en la primera quincena de diciembre.

García Méndez aclaró que aún no existe una investigación formal, sino una revisión administrativa que, de hallar pagos indebidos, se turnará al área investigadora para fincar responsabilidades.

Asimismo, rechazó cualquier conflicto de interés derivado de su paso previo como asesora legislativa, excandidata plurinominal en 2018 y exfuncionaria estatal entre 2018 y 2022, asegurando que su actuar se hará con autonomía técnica y apego a la legalidad.

• Por su parte, la presidencia del IEPC, encabezada por Ernesto Santana Bracamontes, evitó explicar el cálculo mediante un escrito, mientras que Paula Ramírez fue buscada por este medio de comunicación pero tampoco ha emitido postura sobre el cobro. 

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