Guadalajara, Jalisco

En Jalisco 17 mujeres privadas de la libertad fueron liberadas mediante el programa Justicia con perspectiva de género, impulsado por la Procuraduría Social del estado. Héctor Pizano, titular de la dependencia, indicó que no se conceden privilegios ni se modifica la ley: se revisan los expedientes para identificar a mujeres que ya cumplen los requisitos para recibir un beneficio legal, pero no habían podido ejercerlo.

“Un programa de acompañamiento jurídico dirigido a mujeres privadas de su libertad que ya reúnen los requisitos establecidos por la ley para acceder a un beneficio jurídico, pero que por diferentes circunstancias no han podido ejercer este derecho.

Muchas de estas mujeres enfrentan condiciones de vulnerabilidad social y económicas, son madres o principales cuidadoras de sus hijas e hijos y en muchos casos nunca tuvieron acceso a una defensa jurídica especializada”.

Durante la presentación del programa se mencionó que en la primera etapa se analizaron 50 casos y se realizaron 52 entrevistas en el Centro de Reclusión Femenil. Otros 38 expedientes de fuero común cuentan con un diagnóstico preliminar, informó el jefe de procesos de la Procuraduría Social, Juan Pablo Dávalos Navarro.

“Después del análisis que se hace por la defensa pública, se tiene que someter al escrutinio y autorización de un beneficio por parte de un juez de control en materia penal, es decir, donde se encuentran radicadas las causas penales, los procesos penales que se siguen en contra de las femeninas.

Se solicitaron las audiencias y de momento hasta el día de hoy creo que se oye una cifra pequeña, pero a la vez es muy grande porque estamos hablando que ya se obtuvo la libertad de 17 femeninas.”

Las beneficiarias reciben acompañamiento del DIF Jalisco para acceder a empleo, becas, educación y capacitación laboral.

• El programa Justicia con perspectiva de género, una estrategia de la Procuraduría Social de Jalisco orientada a ampliar el acceso real a la justicia para mujeres privadas de la libertad. La iniciativa combina revisión jurídica, enfoque humanitario y coordinación interinstitucional para identificar casos con posibilidad legal de beneficio y acompañar su reinserción social.