Guadalajara, Jalisco

Los cuatro hombres detenidos durante la manifestación del domingo frente a Casa Jalisco fueron vinculados a proceso, aunque podrán enfrentar las acusaciones en libertad, confirmó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

Se trata de Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Teodoro Jesús Torres Valdez y Juan Darío Muñoz Nava, quienes habían solicitado la ampliación del término constitucional para preparar su defensa. La audiencia se celebró este viernes 16 de octubre en los juzgados de Puente Grande.

Entre los imputados está Samuel Morales Navarro, de 24 años, repartidor de Rappi, cuya detención provocó indignación después de que su madre denunciara que el joven no participaba en la manifestación, sino que esperaba un pedido cuando fue arrestado por policías estatales.

Samuel, quien también es músico, contribuye al sostenimiento económico de su madre, quien enfrenta un tratamiento contra el cáncer. Tras recuperar su libertad, denunció haber sufrido golpes, amenazas y el despojo de su motocicleta, casco y teléfono celular durante su detención.

Otro de los vinculados es Alexis Daniel Guzmán Ríos, joven cineasta que acudió a documentar la protesta. También figuran Teodoro Jesús Torres Valdez, trabajador y padre de familia, y Juan Darío Muñoz Nava, estudiante universitario y trabajador.

La resolución se suma a las vinculaciones a proceso de Israel Rosas Flores e Iván Octavio Salazar Reynoso, quienes desde el martes enfrentan acusaciones por lesiones y tienen la obligación de presentarse a firmar cada 15 días.

En total, seis personas enfrentan procesos penales derivados de la movilización del 11 de octubre, que reunió a miles de ciudadanos para exigir agua limpia en Guadalajara.

El Cepad y otras organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado las detenciones y denunciado posibles actos de tortura, uso excesivo de la fuerza y criminalización de la protesta.

Aunque los imputados permanecerán en libertad, sus procedimientos judiciales continúan abiertos. La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria.

• La decisión ocurre después de que el gobernador Pablo Lemus reconociera detenciones injustas y uso excesivo de la fuerza durante el operativo policial.