Expertos analizan posible impacto económico de deportaciones masivas en EEUU
Fotografía: EFE




Austin, Estados Unidos. 

Construcción, agricultura, limpieza, cocina, cuidado de enfermos y niños, son algunos de los trabajos más comunes entre migrantes que carecen de un permiso de trabajo. ¿Cómo impactaría a la economía la deportación de estas personas?

Según el Instituto Tributario y de Política Económica, ITEP, por sus siglas en inglés, en 2022, los indocumentados pagaron en impuestos casi 97 mil millones de dólares. A esto se suman el gasto que destinan a servicios públicos,

que se estima en cerca de 9 mil millones de dólares al año por cada millón de personas.

“Es más probable que sean trabajadores que los adultos estadounidenses, en términos generales. […] De muchas maneras, los inmigrantes indocumentados participan en sus comunidades de forma directa e indirecta, trabajando, pero también siendo compradores de viviendas y propietarios de negocios”.

Destaca Mark Hugo López de Pew Research Center. Por su parte, IMmigration Forum sostiene que esa comunidad además es necesaria para el futuro del país.

“Lo que nuestra economía exige, los economistas con los que nos hemos asociado, nuestros propios investigadores, han descubierto que en este momento necesitamos un 37% más de trabajadores

en toda la fuerza laboral simplemente para mantener el ritmo de la tasa de jubilación rápida de los baby boomers. Y esto es muy preocupante para industrias como la de salud”.

Investigaciones y posturas que organizaciones como el Center for Immigration Studies descartan, al argumentar que muchos indocumentados viven de ayudas públicas y son personas con registro criminal.

“Tengo entendido que la administración entrante se concentrará primero en los 1,4 millones de inmigrantes ilegales que ya tienen órdenes judiciales de deportación definitivas […] los estados han creado programas de asistencia social para inmigrantes ilegales que llegan, se presentan y reciben 9 mil dólares al mes durante un año o dos a la vez”

La ley federal establece que quienes carecen de documentos no pueden recibir ayudas públicas.

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