Guadalajara, Jalisco.
Durante agosto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) recibió 211 quejas relacionadas con el desabasto o la mala calidad del agua potable en municipios atendidos por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
De acuerdo con información difundida este martes por la propia CEDHJ, diez de las 211 quejas fueron presentadas de manera colectiva.
A partir de estos expedientes, el organismo integró un segundo listado de 103 colonias de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan en las que existen asuntos relacionados con problemas en el suministro o calidad del agua.
La entrega se realizó en cumplimiento del decreto 30216/LXIV/26, publicado el pasado 27 de julio en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, mediante el cual se requirió a la defensoría proporcionar información sobre las quejas por desabasto y mala calidad del agua en colonias vinculadas al SIAPA.
Precisión de la CEDHJ sobre el listado y sus alcances
El listado incluye 35 colonias de Guadalajara, 17 de Tlaquepaque, 11 de Tonalá y 40 de Zapopan.
Entre ellas aparecen Alcalde Barranquitas, Jardines del Sur, San Isidro y Vallarta Sur, en Guadalajara; Álamo, Fovissste Miravalle y Loma Bonita Ejidal, en Tlaquepaque; Loma Dorada y Los Camichines II, en Tonalá; así como Agua Fría, Chapalita Sur, El Colli Urbano, Lomas Altas, San Isidro, Valle de San Isidro y Vista Hermosa, en Zapopan.

EFE/ Francisco Guasco
Sin embargo, la CEDHJ hizo una precisión importante: aparecer en este listado no certifica técnicamente que una colonia tenga problemas en el servicio ni determina que sus habitantes tengan derecho automáticamente a los beneficios contemplados en el decreto.
La Comisión señaló que carece de atribuciones legales para verificar las condiciones operativas del servicio de agua y explicó que la inclusión de las colonias obedece exclusivamente a que existen asuntos registrados ante la defensoría por falta de suministro o mala calidad.
- La decisión sobre la procedencia de los beneficios y la valoración técnica, jurídica y administrativa de cada caso, precisó la CEDHJ, corresponde a las autoridades facultadas para aplicar el decreto.
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