Ciudad de México

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió este lunes al Gobierno evitar una “extorsión fiscal” a empresas, en especial hacia la micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

La petición se da en el marco de la aprobación del próximo Paquete Económico para 2025 en el Congreso mexicano, el cual incluye la perspectiva de ingresos gubernamentales, los gastos, impuestos y derechos, así como en la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de mayor fiscalización y persecución de la evasión fiscal.

“Ahora sabemos que había empresas a las que se les perdonaban impuestos y qué bueno que cada empresa pague lo que le corresponde (de impuestos en la actualidad). Lo que no queremos es que esto se convierta en una extorsión fiscal”, señaló.

En este marco, el Gobierno mexicano apunta a ingresos históricos para 2025 por el orden de 9,3 billones de pesos (unos 451.456 millones de dólares), equivalente al 15 % del producto interno bruto (PIB) nacional.

Fotografía: Xinhua

Si bien la Coparmex, reconoció que el próximo paquete no adiciona ni aumenta cargas fiscales, contrastó que diversas localidades y estados del país han emprendido "aumentos desproporcionados de impuestos, derechos y licencias", lo que pone en riesgo la operación de negocios y afecta la inversión.

José Medina Mora, presidente saliente de Coparmex, explicó que estas distorsiones ocurren cuando las autoridades locales buscan compensar déficits presupuestarios incrementando de manera arbitraria las cargas económicas para las empresas.

Resaltó que estas nuevas imposiciones son “completamente desproporcionadas” y señaló que el fenómeno se puede apreciar en todo el territorio, al tiempo que se crean nuevos gravámenes como los llamados ecológicos que dijo, se pagan a “costa de las empresas”.

“Nos parece que no es el camino, el simplemente tratar de extraer más recursos de las empresas”, denunció, al tiempo que señaló este motivo como una de las causas del cierre de empresas o que se trasladen a otros sitios e incluso migren a la informalidad.

El líder empresarial destacó que esta situación se agrava en ciudades, municipios y estados con menores ingresos federales, como Matamoros, Reynosa (frontera con Estados Unidos) y Veracruz y también señaló prácticas irregulares en el manejo de impuestos y fideicomisos estatales, como en Guanajuato (centro) y Yucatán (sureste), donde los recursos destinados a proyectos específicos han sido redirigidos sin consulta con los empresarios que contribuyen a ellos.

En este sentido, la Coparmex instó al Gobierno a establecer un marco claro y equitativo para la recaudación fiscal que no afecte a las empresas.

Por su parte, Juan José Sierra, quien asumirá la presidencia de Coparmex a partir del 1 de enero de 2025, enfatizó la necesidad de una mejora regulatoria que elimine la burocracia excesiva y promueva la digitalización de trámites.

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Esto, aseguró, podría reducir significativamente las oportunidades de corrupción y extorsión, al tiempo que se posicionó en favor de erradicar cualquier posible extorsión fiscal, así como la evasión del pago de impuestos por parte de las empresas.

Además de prevenir las extorsiones fiscales, Coparmex destacó la oportunidad de impulsar una política fiscal que fomente la formalidad, en un país donde el 54 % de la economía opera en la informalidad.

Finalmente, la confederación subrayó que la colaboración entre el sector privado y las autoridades será clave para superar estos desafíos y aprovechar las oportunidades de desarrollo económico de manera equitativa y sostenible.