Guadalajara, Jalisco

La comunidad wixárika de TateiKie (San Andrés Cohamiata), ubicada en el municipio de Mezquitic en la zona norte de Jalisco, enfrenta una severa crisis humanitaria y de seguridad ante el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

De acuerdo con investigaciones del periodista Óscar Balmen, la incursión criminal, que comenzó a intensificarse desde febrero pasado, ha derivado en despojo de rancherías, trabajos forzados, desapariciones y casos extremos de tortura contra los pobladores.

En entrevista, Balmen relató los hechos documentados en su columna Código Negro (Milenio), donde expuso el martirio que sufrió una pareja de adultos mayores de 80 años y sus hijos a manos de una célula delictiva que los sometió a más de siete horas de violencia física y psicológica para despojarlos de sus tierras. La ubicación geográfica de la región, limítrofe con Zacatecas y de difícil acceso, la ha convertido en un punto estratégico para el trasiego de drogas, armas y el establecimiento de casas de seguridad.

Frente a este escenario, las autoridades tradicionales han solicitado formalmente la intervención de las fuerzas federales, sin embargo, denuncian que operativos temporales no resolverán la problemática, ya que los propios criminales han advertido represalias en cuanto las patrullas abandonen la sierra.

"Tiene que ser un puesto fijo, que ese es el reclamo y la exigencia de las autoridades comunitarias.

Que no sea una ocupación militar o policiaca temporal, porque lo único que va a hacer es que los criminales se van a replegar, se van a salir por un momento, y cuando el apoyo federal o el apoyo estatal se salga, entonces los criminales van a llegar con más fuerza y con mucha más saña.

Esto dicho por los propios criminales: les han advertido: 'si me mandan al Ejército y el Ejército se va, esperen que apenas hayan puesto un pie fuera del pueblo, nosotros regresamos y vamos a cobrar el agravio de habernos acusado'."

Durante un reciente encuentro en la zona, el secretario general de Gobierno de Jalisco rechazó involucrar a los mandos federales, lo que provocó una fuerte confrontación con los comuneros que derivó en la retirada ríspida de los funcionarios y amenazas de criminalizar a los líderes indígenas por privación ilegal de la libertad.

Para Balmen, la renuencia del gobierno estatal para permitir la entrada de fuerzas federales evidencia una falta de voluntad política o escenarios aún más preocupantes en el aparato de seguridad local.

"Aquí me parece que de vuelta estamos ante dos opciones: uno, o la autoridad estatal considera que solamente con las herramientas que tiene el gobierno de Jalisco puede resolver esta crisis y entonces no la ha resuelto porque no quiere, es decir, simplemente no hay una voluntad política.

O la otra opción, que es más terrible: pudiendo resolver este asunto, teniendo las facultades para hacerlo, no lo han querido hacer porque hay una colusión con el crimen organizado local, hay entonces una determinación desde las oficinas del poder de proteger este grupo armado. De otra explicación, la verdad es que no la encuentro."

• A diferencia de otros contextos, el desplazamiento forzado en el territorio wixárika choca con la concepción sagrada de la tierra que sostiene su comunidad, lo que mantiene a los pobladores en resistencia dentro de sus rancherías mientras persiste la exigencia de una base permanente de seguridad antes de que se consume una tragedia mayor.