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Guadalajara, Jalisco.
La Comisión Estatal del Agua de Jalisco destinó casi 22 millones de pesos de recursos públicos para la elaboración del proyecto ejecutivo del nuevo acueducto Chapala–Guadalajara; sin embargo, el documento fue clasificado como información reservada, lo que impide su consulta pública bajo el argumento de que su difusión podría representar un riesgo para la seguridad.
El gasto corresponde a un contrato de servicios relacionados con obra pública para el diseño técnico integral del acueducto sustituto.
El monto contratado fue de 19 millones 653 mil pesos más IVA, lo que eleva el costo total a cerca de 22.8 millones de pesos. El contrato no incluye la construcción de la obra, sino los estudios técnicos que definirán su trazo, dimensiones, costos y viabilidad.
El proyecto fue adjudicado mediante licitación pública estatal a un consorcio integrado por las empresas Proyectos y Construcciones de Ingeniería Hidráulica y Civil, S.A. de C.V. y AP Fras Proyectos y Edificaciones, S.A. de C.V., bajo un esquema de responsabilidad solidaria.
En la documentación disponible no se detalla la distribución de tareas entre las compañías ni los criterios técnicos específicos que llevaron a su selección.
La licitación fue lanzada en 2025 y, durante el proceso, empresas interesadas solicitaron prórrogas debido a la complejidad del estudio. Finalmente, el contrato se asignó dentro del rango más alto de los montos estimados, sin que se difundieran de manera accesible el fallo completo o los dictámenes técnicos y económicos.
De acuerdo con el propio contrato, el proyecto ejecutivo contempla ingeniería básica y de detalle, estudios topográficos, hidráulicos y geotécnicos, memorias de cálculo, presupuestos base y programas de ejecución, información clave para una obra considerada estratégica para el abasto de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.
Pese a tratarse de un estudio pagado con recursos públicos, la CEA negó su entrega a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
En su resolución, la dependencia argumentó que el documento contiene información técnica y operativa que, de hacerse pública, podría comprometer la seguridad pública, la salud de la población y la integridad del sistema hídrico.
La clasificación fue avalada por su Comité de Transparencia, sin que se ofreciera una versión pública ni se precisaran los apartados que representarían un riesgo concreto.
El caso abre cuestionamientos en un contexto de debilidad en el acceso a la información, ya que el Congreso aún no resuelve las leyes secundarias que permitirían a los ciudadanos defender su derecho a conocer documentos financiados con dinero público.
Especialistas advierten que la ley permite proteger información sensible, pero no reservar de manera total estudios técnicos de esta naturaleza.
- Por ahora, el proyecto ejecutivo existe, ya fue pagado y permanece fuera del alcance ciudadano, mientras se perfila como la base de una obra que podría costar miles de millones de pesos en los próximos años.
