Guadalajara, Jalisco.

La falta de documentación para justificar los pagos a exfuncionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) podría dar lugar a una investigación sobre quienes debían resguardar los expedientes y las áreas que calcularon los montos, señaló Miguel Ángel, entrevistado en UDG Noticias sobre el caso.

Durante la conversación con Sonia Serrano y José Ángel Gutiérrez, el entrevistado sostuvo que deben revisarse el fundamento legal de los pagos, la generación de los derechos laborales y los cálculos realizados. También consideró necesario determinar si algunas prestaciones habían prescrito.

“Estamos hablando de derechos que deben reconocerse y respetarse toda vez que ya se generaron. No podemos considerar que un pago constituye un acto de corrupción, desde luego, simplemente por su monto.

Lo que jurídicamente debemos analizar es si ese pago estaba previsto [en] la normatividad aplicable, si efectivamente se había generado el derecho y si la autoridad [ha] realizado el cálculo correspondiente de manera correcta”.

Los conductores cuestionaron los pagos al exsecretario ejecutivo, Cristian Flores, y a la expresidenta, Paula Ramírez Höhne. En el primer caso, señalaron que se utilizó una disposición relacionada con despidos y reinstalaciones, aunque el funcionario renunció voluntariamente. En el segundo, plantearon el pago equivalente a 48 días de vacaciones.

Miguel Ángel explicó que las cargas de trabajo durante los procesos electorales pueden dificultar que se disfruten los periodos vacacionales. Sin embargo, subrayó que esa circunstancia debe documentarse y revisarse junto con los plazos para reclamar las prestaciones.

Sobre la falta de información, indicó que corresponde al órgano interno de control realizar las investigaciones pertinentes. Evitó calificar los hechos como opacidad o corrupción sin una revisión previa.

“Primero, pues debe determinarse si el pago fue legalmente procedente. Si una autoridad competente acredita que hubo cantidades pagadas indebidamente, pues, vuelvo a repetir, deberá aplicarse los mecanismos legales correspondientes para su recuperación y, en su caso, determinar responsabilidades”.

• El entrevistado reconoció la molestia ciudadana por el manejo de recursos públicos y sostuvo que las instituciones deben responder con documentos y explicaciones claras, además de declaraciones.