Guadalajara, Jalisco

El gobierno del estado no puede investigarse a sí mismo en el caso de la represión violenta y las detenciones arbitrarias registradas en contra de ciudadanos, el pasado 11 de octubre cuando se manifestaron afuera de Casa Jalisco.

El coordinador de los diputados de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa presentó un acuerdo legislativo para que la Fiscalía General de la República (FGR), por conducto de su Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, atraiga la indagatoria y deslinde las responsabilidades a los servidores públicos que dieron la orden de reprimir a los inconformes, así como presuntamente torturarlos cuando se encontraban detenidos al interior de la casa oficial del Ejecutivo.

De la Rosa recordó que ese día, miles de personas y familias, que a diario abren la llave en sus hogares y reciben agua turbia, marcharon para exigir agua limpia, pero la respuesta gubernamental fue usar agua a presión, lanzar gases lacrimógenos y proyectiles de goma en contra de personas adultas mayores, niñas, niños y periodistas.

El líder de la bancada de Morena señaló que lo más grave es que existen denuncias formales de actos de tortura cometidos por elementos de la Secretaría de Seguridad estatal, y frente a esto la respuesta oficial ha sido la contradicción y el deslinde superficial.

Primero, agregó, hablaron de un presunto “grupo de choque” y al día siguiente se admitió un uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas. 

Se anunciaron investigaciones internas y la separación de algunos elementos policiales, sin embargo, la tortura y los abusos sistemáticos no son faltas administrativas ni meros excesos individuales: son delitos graves que vulneran los derechos humanos más elementales, refirió el diputado De la Rosa Figueroa, quien señaló el gobierno de Jalisco no puede investigarse a sí mismo porque existe un conflicto de interés estructural. 

Ante la pregunta inevitable de ¿quién dio la orden del operativo?, una interrogante que apunta a los altos mandos del Poder Ejecutivo, dijo que no se puede esperar imparcialidad cuando la propia Fiscalía del Estado actúa como acusadora de las víctimas, mientras omite indagar a profundidad la cadena de mando que ordenó la represión.

Añadió que las autoridades vulneraron la dignidad, la honra y la integridad física de sus ciudadanos, y es hora de asumir la responsabilidad institucional y reparar el mal causado.

• De la Rosa presentó un segundo acuerdo legislativo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que gire instrucciones precisas, inmediatas y suficientes al titular de la Secretaría de Hacienda estatal, con el fin de que se asignen y ejecuten los recursos necesarios para indemnizar y reparar de manera integral el daño al total de las víctimas, que fueron objeto de robo de sus pertenencias, lesiones, tortura y detención arbitraria por parte de los elementos policiacos.