Guadalajara, Jalisco.
Mientras en el Congreso de Jalisco se habla de contención del gasto y disciplina presupuestal, la LXIV Legislatura destinó 4.6 millones de pesos para la reparación y rehabilitación de una tubería hidrosanitaria en el edificio legislativo de Juárez.
Detalles confirmados de la adjudicación
De acuerdo con el fallo de la adjudicación 050/2025, la única empresa que se menciona en la licitación pública fue Urbanizaciones y Edificaciones Loro S.A. de C.V., en función de que, según el documento, ésta presentó “una propuesta económica solvente” al conseguir una puntuación de 90 por ciento.
El monto total es de cuatro millones 605 mil 200 pesos, IVA incluido.
Quienes evaluaron y avalaron esta licitación fueron la coordinadora de Servicios Generales, Verónica Salazar Serrano, y el jefe de la Unidad Centralizada de Compras, Jorge Vázquez Neri.
Después fue votado a favor de manera unánime por los legisladores Montserrat Pérez Cisneros (presidenta del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios), Gabriela Cárdenas, Isaías Cortés Berumen y Sergio Martín Castellanos.
La votación también tuvo el visto bueno de la coordinadora de Asuntos Jurídicos, Bárbara Lizette Trigueros Becerra, y de Paris González Gómez, en su condición como representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.
Contexto y cuestionamientos sobre el gasto
El recurso fue autorizado para trabajos de sustitución de infraestructura hidráulica, bajo el argumento de que la tubería había superado su vida útil. Sin embargo, el monto del gasto resulta llamativo frente al tipo de intervención realizada y en un contexto en el que distintas áreas del sector público enfrentan recortes y carencias operativas.
El expediente administrativo señala que se colocará nueva tubería y se harán adecuaciones técnicas. Pero no se detalla si se evaluaron opciones de menor costo ni se explica por qué una intervención de mantenimiento alcanzó ese monto.
Este gasto también contrasta con los constantes exhortos que ha hecho el Poder Legislativo para que dependencias estatales y municipales reduzcan gastos superfluos y prioricen el uso eficiente de los recursos públicos, especialmente en rubros sensibles como salud, seguridad, educación, movilidad o agua potable.
Hasta ahora, el Congreso no ha transparentado de manera amplia los criterios técnicos ni financieros que justificaron la inversión, ni ha informado si el proyecto fue sometido a revisiones externas o auditorías preventivas para garantizar que el monto pagado corresponde al valor real de la obra.
La erogación quedó registrada en documentos oficiales de la LXIV Legislatura, sin que exista claridad sobre si habrá rendición de cuentas específica sobre este gasto o si se prevén responsabilidades administrativas en caso de detectarse sobrecostos.
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