Guadalajara, Jalisco.
Antes de invertir en la sustitución del acueducto Chapala-Guadalajara, las autoridades deberían realizar un diagnóstico técnico de la infraestructura existente y atender las fuentes de contaminación del lago de Chapala, advirtió Arturo Glison Espíndola, investigador de la Universidad de Guadalajara especializado en temas hídricos.
En entrevista para UDG Noticias, el académico cuestionó que el Gobierno de Jalisco presente la construcción del nuevo acueducto como una solución de fondo a la crisis del agua, cuando persisten problemas de contaminación desde su origen.
“Creo que hay que poner mesura y objetividad en los comentarios, porque se ha dicho en distintas ocasiones por parte del gobernador que resuelve el problema de fondo. Yo creo que habría que moderarlo, habría que analizarlo más. El problema de nuestro sistema es que es un sistema que está altamente contaminado”.
El investigador señaló que especialistas de la Universidad de Guadalajara han identificado la presencia de metales pesados y algas potencialmente dañinas en el lago de Chapala, por lo que consideró indispensable revisar si los procesos actuales de potabilización son suficientes para garantizar la calidad del agua.
Propuesta de evaluación técnica y sanciones
Además, sostuvo que la antigüedad del acueducto no debería ser el único criterio para determinar su sustitución. Propuso evaluar técnicamente las condiciones de esta infraestructura y de los acueductos Poniente 1 y Oriente 1, que también forman parte del sistema de distribución.
De acuerdo con el académico, un diagnóstico permitiría establecer si es posible prolongar la vida útil de estas instalaciones mediante rehabilitaciones, antes de comprometer recursos públicos en nuevas obras.
También cuestionó la falta de mecanismos efectivos para identificar y sancionar a quienes realizan descargas contaminantes, tanto industriales como habitacionales.
Glison Espíndola pidió a los gobiernos federal y estatal privilegiar los estudios técnicos, la evaluación económica y el cumplimiento de la legislación ambiental antes de definir las inversiones prioritarias.
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