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Guadalajara, Jalisco.
El gobierno de Jalisco no contrató este año la póliza de seguro catastrófico que se utilizó en años anteriores ante la posibilidad de los desastres socioambientales que se presentan en su territorio.
Son 230 millones de pesos del costo de la póliza de 2022, que en esta ocasión conformarán un fideicomiso auxiliar para el Fondo Estatal de Desastres, que por su parte tiene 100 millones de pesos asignados.
“Con base en un análisis normativo y de conveniencia realizado por la Secretaría de Administración del Estado, en el marco del estudio de mercado realizado para la recontratación de la póliza de seguro catastrófico del ejercicio presupuestal 2023.
Se determinó la inviabilidad de dar cumplimiento a los principios constitucionales de acreditar la economía, eficiencia que aseguren las mejores condiciones para el Estado en el ejercicio de los recursos públicos, por lo que dicha póliza dejó de ser contratada a partir del año 2023”, informó la propia dependencia.
Sin embargo, “es importante que conozcan que los recursos presupuestales por 230 millones de pesos previstos inicialmente para la contratación de dicha póliza, se canalizaron al Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración, denominado Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales de Municipios del Estado de Jalisco”.
La cual está a cargo de la Secretaría de Hacienda Pública, y que “operará de manera complementaria a las asignaciones del Fondo Estatal de Desastres Naturales (Foeden) y a la Previsión para Contingencias por Fenómenos Naturales, consideradas en el presupuesto inicial del ejercicio”.
De este modo, es el estado el que genera su propia estrategia para la atención de desastres y contingencias.
“Derivado de la falta de apoyo de recursos federales para este tema, desde la extinción del Fideicomiso del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden)”, por decreto presidencial en el año 2020, concluye la Secretaría de Administración.
De esta manera, dependerá de los problemas que se presenten tanto con el temporal como con los huracanes, para determinar si la falta de un seguro puede generar un boquete mayor a las finanzas públicas.
Hace diez años, el SIAPA calculó el promedio de pérdidas materiales anuales por lluvias en 600 millones de pesos y la pérdida de cinco vidas por año, “impactos negativos sobre 2,800 viviendas y 650 establecimientos comerciales al año; se pierden 35 automóviles y 440 mil horas-hombre”.
Los ejercicios para al área metropolitana, que se ha ampliado a nueve municipios, aumentan pérdidas.
En marzo de 2016, el SIAPA presentó un balance de desastres ocasionados por las lluvias en 2015 en el AMG:
Inundaciones en 116 puntos con alturas de agua de 30 centímetros a 1.5 metros; nueve personas fallecidas; impactos negativos en cuatro mil viviendas y mil establecimientos comerciales; pérdida total de 60 automóviles; pérdidas de 500 mil horas-hombre y pérdidas económicas de alrededor de mil millones de pesos.
El modelo que se aplica con el Fondo Estatal de Desastres Naturales es que los municipios ponen 20 por ciento de los recursos destinados a resarcir a personas en sus bienes, por lo que los 330 millones estatales pueden crecer en 66 millones de pesos más, a 396 millones de pesos.
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