Ciudad de México.

Con un llamado urgente a poner fin a la detención de personas migrantes y a la militarización del control migratorio en México, organizaciones civiles presentaron este miércoles una propuesta de 11 puntos para una política basada en los derechos humanos ante el Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

La iniciativa '11 Ejes para una Nueva Política Migratoria y de Asilo en México 2024-2030' fue elaborada por el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, compuesto por una red de decenas de asociaciones mexicanas y de Centroamérica, como Asylum Access y Save The Children.

Melissa Vértiz, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, explicó que este esfuerzo colectivo surge “en un contexto en donde es evidente que la política de Estado en México, frente al tema migratorio y de asilo, lamentablemente continúa caracterizándose por el control” y “la contención migratoria”.

Vértiz advirtió de que esta política no solo es aplicada por el Instituto Nacional de Migración (INM), sino también por la Guardia Nacional, y avisó que “los derechos fundamentales de las personas en contextos de movilidad se ven violentados, no solo de manera sistemática, sino de manera sistémica”.

“Es decir, empieza a construirse un sistema que hace permisible estas violaciones a derechos humanos. Entonces, derechos como la seguridad, la libertad, el trabajo, la salud, la educación por mencionar algunos, pues no han sido ni respetados ni protegidos ni mucho menos garantizados ni por el Gobierno federal ni por los gobiernos estatales ni municipales”, apuntó Vértiz.

Por ello, la experta expuso que los 11 ejes del documento están “encaminados a llamar la atención de personas tomadoras de decisiones del poder Ejecutivo”, como la presidenta Sheinbaum, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con quienes dijo esperan poder entablar un diálogo pronto.

• La propuesta abarca los ejes de integración sostenible, sistema de asilo, violaciones a derechos humanos, libertad y alternativas a la detención, y discriminación racial, así como la desmilitarización, niñez y adolescencia en movilidad, perspectiva de género, política exterior, acciones binacionales y cambio climático.

Detenciones y violaciones de derechos

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, alertó de que desde 2021 han visto aumentos en eventos de detención migratoria en México, con más de 770.000 casos en 2023.

Además, Kuhner apuntó que pese a la prohibición de detener a infancias y a sus familias desde 2020, lo que consideró uno de los avances más importantes del Gobierno anterior, aun falta “mejorar su aplicación”.

También advirtió de que existen otras “barreras absurdas” como los obstáculos para poder acceder a un documento de identidad en el país, que limitan el acceso a los derechos para las personas en movilidad, poner como ejemplo que “únicamente 18% de los niños y niñas en movilidad están inscritos en la educación”.

“Ningún niño o niña debería de tener que presentar un documento para acceder a la educación(...) y ahí el Gobierno podría tomar pasos muy grandes”, señaló.

Por su parte, Diana Martínez, del Grupo de acción por la no detención de personas refugiadas, dijo que la propuesta destaca “la necesidad de eliminar la detención migratoria para las personas refugiadas y para otros perfiles en situación de vulnerabilidad, y para el resto que sea utilizada como una medida de último recurso excepcional”.

Martínez llamó a “cumplir a cabalidad la prohibición de la detención a niños, niñas y adolescentes”, y aseguró que organizaciones han documentado varios casos en estaciones migratorias u “oficinas administrativas de canalización”.

“Desmilitarizar la gestión migratoria conlleva la transversalización de una perspectiva de derechos humanos por encima de la seguridad, erradicar la presencia de las fuerzas armadas en puntos de control y verificación migratoria”, urgió la especialista.

El documento señala que en 2023, 140.000 personas presentaron una solicitud de asilo en México, y que en 2020 se tenía el registro de un total de 1,2 millones de personas nacidas en el extranjero viviendo en el país. EFE