Guadalajara, Jalisco.

Pese a que Jalisco se ubicó en el 2023 en el quinto lugar a nivel nacional de los estados con más agresiones a mujeres periodistas y contar con leyes para su protección, hay un vacío en el sistema gubernamental, carece de una política pública integral de protección a personas defensoras de derechos humanos y activistas.

En la presentación del primer "Diagnóstico Participativo: Hacia una Política Pública para la Protección Integral de las Defensoras y Periodistas con Perspectiva de Género", las ponentes expresaron la situación de violencia que enfrentan las periodistas.

Al respecto la periodista Sonia Serrano Iñiguez señala:

“En el caso de las periodistas queda claro que a trabajo igual no corresponde oportunidades y salarios iguales. Quienes alcanzan cargos de dirección -lo contaron ahí- lo hacen casi siempre cuando el medio enfrenta alguna crisis y esa crisis fue provocada por un colega hombre”.

Sonia Serrano lamenta que la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Jalisco no se haya aplicado a casos concretos.

Advierte que al atacar a una periodista o activista se ataca a la sociedad, recordó los casos de la periodista de Puerto Vallarta, Susana Carreño, de la abogada y activista de Tonalá que fue asesinada, Verónica Guerrero y de la activista cuidadora de Zapopan, Luz Raquel Padilla.

“¿Por qué poner el foco precisamente en esos actores sociales? La respuesta es simple los ataques en estos casos son derivados de la labor que realizamos, pero además en efecto de la violencia se multiplica porque el ataque a una periodista o a una defensora de Derechos Humanos no es solo contra la persona sino contra la causa que está detrás por lo que la afectación no es personal sino social”.

Mientras que la activista Indira Navarro Lugo, fundadora de Guerreros, Buscadores de Jalisco, describió una serie de escenarios violentos que han vivido por policías municipales y grupos del crimen organizado. Advierte de una gran cantidad de fosas clandestinas que son denunciadas por la sociedad. 

“La inseguridad y el riesgo para las y los buscadores, amenazas, situaciones de peligro que hemos enfrentado. Hay que recalcar que hacer víctimas de este delito las familias se convierten en defensora de los Derechos especialmente En búsqueda de personas desaparecida y nos encontramos en situación de riesgo y vulnerables qué somos".  

En este contexto de violencia hacia las mujeres periodistas, defensoras y buscadoras, la coordinadora de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer A.C., Cirenia Celestino Ortega, emite una serie de recomendaciones que se establecen en dicho diagnóstico.

Entre estos que en Jalisco se modifique la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y crear una institución autónoma con una política pública integral de protección.

“A pesar de que Jalisco cuenta con un marco jurídico e institucional de atención y reparación de delitos y violaciones a los Derechos Humanos existe un vacío no existe una política integral de protección mucho menos una con perspectiva de género, un vacío importante cuando se trata de responder a los distintos impactos que genera ejercer el periodismo y la defensa de Derechos Humanos en un contexto como el que se vive en esta entidad federativa. No existe una dependencia específica que asuma las funciones del mecanismo de protección”.

Los resultados del diagnóstico se dieron a conocer  en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas con la participación de activistas, de organismos gubernamentales y representantes del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

• El documento establece una serie de recomendaciones que realizan buscadoras, defensoras y periodistas para su protección integral en materia de prevención, investigación, atención, protección, reparación y garantías de no repetición. Se puede consultar de manera digital en la página de cimacnoticias.com.mx