Guadalajara, Jalisco

Cuando el agua represente un riesgo para la salud, el marco legal existente debe permitir que se emitan alertas sanitarias y declaratorias de emergencia.

• Esa es la iniciativa de ley que presentó la diputada de Hagamos, Valeria Ávila Gutiérrez, como parte de una agenda legislativa integral que ha presentado para atender la crisis del agua en el estado.

“Lo que buscamos con esta iniciativa de ley es que las instituciones dejen de improvisar y de reaccionar, sino que puedan tener claros cuáles son los pasos que deben seguir para emitir alertas sanitarias y declaratorias de emergencia, cuando la calidad del agua represente un riesgo para la salud y para la población”, dijo.

La propuesta busca proteger a las personas usuarias, fortalecer las instituciones, profesionalizar al SIAPA, ordenar la política hídrica estatal y garantizar una respuesta inmediata de las autoridades ante riesgos sanitarios.

Valeria Ávila explicó que actualmente Jalisco carece de reglas claras para actuar cuando el agua deja de ser segura, pese a que existen episodios recurrentes de contaminantes, mala calidad y desconfianza ciudadana hacia el servicio. 

"La gran pregunta que originó esta iniciativa es muy sencilla ¿qué debe hacer el gobierno cuando el agua que llega a una casa puede representar un riesgo para la salud? ¿qué pasa cuando una familia recibe agua con olor, sedimentos o coloración extraña?

Ellos deben saber si pueden beberla, si pueden cocinar con ella, si pueden usarla para higiene, qué zonas geográficas están afectadas y quién está actuando para resolverlo o quien debería actuar para resolver esta crisis", indicó.

La iniciativa incluye la creación de tres instrumentos: el Protocolo Estatal de Actuación, la Alerta Estatal de Riesgo Sanitario y la Declaratoria Estatal de Contingencia Sanitaria, además de establecer a la Secretaría de Salud como instancia coordinadora encargada de recibir información, evaluar riesgos, comunicar medidas y articular a las dependencias involucradas.

Entre los derechos que garantizaría la propuesta se encuentran el acceso a información oficial y comprensible, instrucciones claras sobre el uso del agua, identificación de zonas afectadas, monitoreo público de resultados y suministro alternativo cuando las restricciones impidan cubrir necesidades esenciales.

"La transparencia también salva vidas”, finalizó la legisladora.