Guadalajara, Jalisco. 

El Gobierno de Jalisco firmó un contrato multianual con la empresa WCD, S.A. de C.V. para la operación integral del sistema de fotorradares y fotoinfracción en el Área Metropolitana de Guadalajara.

El acuerdo, identificado como CTO-388/25, tendrá vigencia del 8 de agosto de 2025 al 5 de diciembre de 2030 y obliga al Ejecutivo estatal a pagar un monto fijo mensual de 10.9 millones de pesos, IVA incluido, durante 64 meses, lo que representa un compromiso global de 698.3 millones de pesos a lo largo del sexenio.

De acuerdo con el contrato y sus anexos financieros, el esquema de pagos:

No está condicionado a evaluaciones periódicas de desempeño ni a resultados concretos en materia de seguridad vial.

El proveedor cobrará el mismo monto mes con mes, independientemente del número de infracciones emitidas o de una eventual reducción en accidentes, lo que convierte al sistema en una erogación automática y sostenida para las finanzas públicas.

El documento también establece que el modelo no se limita al mantenimiento de los equipos actualmente instalados, sino que contempla la expansión gradual del sistema, con un incremento progresivo en el número de cámaras y puntos de control conforme avance la administración, lo que se traduce en mayores costos acumulados durante el periodo contratado.

• La elección de esta empresa fue a través de la Licitación Pública 371/2025, el contrato 388/25 fue firmado el 8 de agosto de 2025.

Entre los hallazgos relevantes destaca:

Que el sistema deberá contar con capacidad para automatizar el envío de al menos 500 mil notificaciones de infracción anuales vía SMS, correo electrónico y WhatsApp.

Incluyendo ligas directas de pago, lo que revela una arquitectura diseñada para la operación masiva de sanciones.

Asimismo, el contrato no define un listado ni un mapa público de la ubicación de los nuevos radares, dejando su instalación y eventual reubicación a decisiones administrativas posteriores del Estado.

En términos prácticos, el acuerdo “amarra” al gobierno estatal a un modelo de fotoinfracción de largo plazo, reduce los márgenes para revisar o replantear la política durante el sexenio y mantiene abierto el debate sobre si el sistema prioriza la prevención vial o responde a una lógica recaudatoria derivada de un compromiso financiero cercano a los 700 millones de pesos.