Guadalajara, Jalisco

La presidenta provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), Claudia Alejandra Vargas Bautista, eludió fijar una postura sobre la presunta liquidación irregular otorgada al exsecretario ejecutivo, Christian Flores Garza, por un monto cercano a los 700 mil pesos.

La funcionaria se deslindó del asunto al argumentar que los acuerdos de salida no pasan por las consejerías ni por el Consejo General, por lo que dejó la responsabilidad exclusiva en el Órgano Interno de Control:

«Esos convenios los revisa el Órgano Interno de Control o la Contraloría de aquí del instituto, y será ella o ese órgano quien emitirá o decidirá si el convenio es legal o no lo es, o si los rubros fueron adecuados o no.

En realidad esos asuntos no pasan por Consejo General, no pasan por las consejerías y es el Órgano Interno de Control quien decide o quien revisa todos esos cálculos».

Al ser cuestionada expresamente sobre si Flores Garza, al haber sido empleado de confianza, tenía derecho a recibir los tres meses de indemnización constitucional que se cobraron, Vargas Bautista evitó pronunciarse de fondo y reiteró que la calificación jurídica depende del tipo de separación y del criterio del contralor:

«No, bueno, depende. Todo se basa en la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y, de manera supletoria, la Ley Federal del Trabajo. Dependerá mucho de cómo sea la separación del cargo:

si es por medio de una renuncia, si es por medio de un despido, si es por medio de un convenio... y eso justo es lo que hace la verificación en el Órgano Interno de Control».

• Pese a los señalamientos de que no correspondía una compensación de esa naturaleza bajo la legislación vigente, la titular provisional del organismo electoral insistió en que será la Contraloría interna la que determine si hubo faltas administrativas o daño al erario.