Guadalajara, Jalisco.

Cambiar el contrato de concesión del programa Verificación Responsable tendría altos costos que afectarían al erario estatal, reconoció el coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, tras la reunión de trabajo a la que acudió el secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo, convocada por la Comisión Especial sobre el programa de Verificación.

Tonatiuh Bravo explica costos y limitaciones del contrato

La concesión del programa de verificación con la empresa estadounidense WEP (Worldwide Enviromental Products) está vigente hasta 2038 y el contrato obliga al pago de 7 mil 962 millones de pesos hasta el fin de la concesión que se otorgó y amplió en el sexenio del gobernador Enrique Alfaro.

“Yo creo que fue un diálogo muy franco, muy directo. El secretario de Hacienda reconoció las ventajas y limitaciones que tiene el programa

...Su conclusión es que debe continuar el programa de Verificación, pero hizo un balance ponderado y más acercado a un balance equilibrado. (…)

Vamos a continuar con el programa de la Comisión, vamos a ver al sector academia, al sector colectivos y vamos a recibir a los empresarios y a quienes nos han pedido, vamos a escuchar todos los puntos de vista para redactar nuestras conclusiones”.

Bravo Padilla confirmó que el contrato del programa Verificación es muy amplio, por un periodo de 19 años y no permite que se haga una valoración adecuada por cada sexenio.

Comisión Especial busca diálogo con sectores para evaluar programa

“Es como si un gobernador está decidiendo o un Congreso está decidiendo sobre tres sexenios por delante, cuando cada gobierno y cada Congreso, debe hacer su propio balance y revisión de lo que está ocurriendo...

(Si se hace ajuste al contrato) tendría un costo y es justamente lo que tenemos que medir porque el costo podría ser muy alto y no lo define ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, lo tendría que definir el Poder Judicial”.

Subrayó.

La empresa WEP obtuvo la concesión del servicio en 2019 por 15 años. En julio de 2022, el contrato se amplió por cuatro años más, con el argumento de retrasos en la aplicación del programa debido a la pandemia de COVID-19.

• Te podría interesar: 
  

  Diputados cuestionan verificación vehicular; afirman que "castiga a pobres y huele a monopolio"