Guadalajara , Jalisco

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que su personal vigila la marcha de este domingo y llamó a las autoridades de Jalisco y del municipio de Guadalajara a garantizar los derechos de expresión y manifestación de quienes participen en la segunda megamarcha contra la mala calidad del agua, convocada para este domingo.

Hace unos minutos el organismo emitió un comunicado pidió evitar el uso innecesario de la fuerza y prevenir que se repitan los hechos registrados durante la movilización del pasado 11 de octubre.

La CNDH informó que mantiene un equipo de trabajo en Guadalajara desde el 13 de octubre para dar seguimiento a las investigaciones y documentar posibles violaciones a los derechos humanos. Sus integrantes continuarán las diligencias y estarán atentos al desarrollo de la movilización.

Asimismo, manifestó preocupación por los procesos penales iniciados contra cuatro personas detenidas durante la protesta anterior, debido a posibles inconsistencias y contradicciones en las acusaciones, presuntas irregularidades en su puesta a disposición y dificultades para acceder a una defensa jurídica adecuada.

El organismo señaló que ha entrevistado a casi la totalidad de las personas detenidas y retenidas, además de revisar certificaciones médicas que acreditan lesiones y afectaciones físicas y psicológicas presuntamente ocasionadas por policías estatales y antimotines.

También destacó el caso de un estudiante de Derecho que presenta una fractura en las vértebras cervicales y requiere atención médica especializada urgente, debido al riesgo para su vida y la funcionalidad de su cuerpo.

La Comisión indicó que ha recabado testimonios de periodistas e imágenes de las detenciones para contribuir al esclarecimiento de los hechos y consideró indispensable aplicar el Protocolo de Estambul para investigar posibles actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

• Ante la nueva movilización ciudadana, la CNDH reiteró su exhorto a las autoridades para respetar los derechos fundamentales de los participantes y garantizar que cualquier intervención policial se apegue a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.