Autlán, Jalisco.

Despenalización sin acceso pleno en la Costa Sur

Aunque en Jalisco el aborto fue despenalizado hasta las 12 semanas, en municipios del interior como Autlán el acceso efectivo sigue enfrentando obstáculos. La reforma legal no se traduce automáticamente en servicios disponibles.

Autoridades de salud reconocen que la desinformación, la falta de unidades habilitadas y los prejuicios institucionales continúan empujando a mujeres, especialmente jóvenes, hacia prácticas clandestinas.

El problema, advierten, no es solo jurídico, sino de infraestructura sanitaria y voluntad institucional.

Hospital Regional de Autlán no está habilitado

En la región sanitaria 7, el Hospital Regional de Autlán no cuenta con habilitación como unidad para la interrupción voluntaria del embarazo.

Esto obliga a las mujeres a ser canalizadas a otros municipios, lo que implica traslados, costos y retrasos que pueden desincentivar la atención oportuna.

La responsable de salud reproductiva de la jurisdicción sanitaria 7, Sandra Eugenia Gómez Preciado, explicó que el mayor foco rojo no es la ley en papel, sino el acceso real.

El riesgo de la clandestinidad

La funcionaria advirtió que muchas mujeres jóvenes, por miedo o falta de información, acuden a lugares clandestinos.

“Primordialmente, hablando de salud, se trata de prevenir una muerte materna”, señaló. El aborto aún figura entre las primeras causas de mortalidad materna y no debería ser así.

Si una mujer decide interrumpir su embarazo dentro de las condiciones legales, el deber institucional es orientar y acompañar, sin juicios personales.

Obligación de informar y canalizar

Aunque el hospital regional no esté habilitado, todas las unidades de salud están obligadas a orientar a la usuaria.

La funcionaria enfatizó que el personal del primer nivel debe ofrecer información oportuna, con calidad y discreción, además de indicar a dónde acudir.

La atención es gratuita para pacientes no derechohabientes en instituciones públicas de salud.

Resistencias institucionales

En el ámbito federal, explicó, existen diferencias en la aplicación de protocolos. Mientras en el ISSSTE el procedimiento está establecido, en el IMSS aún se observan resistencias.

Sin embargo, al tratarse de un decreto vigente, todas las instituciones deben apegarse a la norma.

Especialistas advierten que la objeción de conciencia no puede utilizarse como pretexto para negar información o entorpecer el acceso.

El derecho debe convertirse en acceso

La reforma en Jalisco representa un avance legal, pero el pendiente es convertir el derecho en acceso efectivo.

Entre los principales retos se identifican:

• Habilitar unidades regionales para la atención.
• Garantizar personal capacitado sin prejuicios.
• Difundir información clara sobre rutas de atención.
• Supervisar que no existan negativas injustificadas.

En regiones fuera del área metropolitana, la cobertura limitada evidencia una brecha territorial.

La despenalización por sí sola no resuelve el problema si persisten barreras estructurales. La discusión rebasa Autlán y coloca en el debate estatal la necesidad de políticas públicas integrales.

Convertir la ley en una realidad cotidiana implica garantizar atención digna, segura y sin estigmas para todas las mujeres, sin importar su lugar de residencia.