Guadalajara, Jalisco

El conflicto por la construcción del proyecto habitacional Legado, en Mirador de San Isidro, llegó formalmente a los tribunales federales. 

El juicio de amparo promovido por vecinos de la zona fue admitido bajo el expediente 1517/2026 y ahora la jueza Cuarta de Distrito en Materia Administrativa, Judith Ortiz, cuenta con un plazo de 48 horas para determinar si concede una suspensión provisional en favor de los habitantes afectados.

La resolución es relevante porque, de otorgarse la medida cautelar en los términos solicitados, podría detener los trabajos que actualmente se realizan en el predio mientras continúa el juicio de amparo.

La demanda fue promovida por habitantes de la zona contra actos atribuidos al Gobierno de Jalisco, el Congreso estatal, el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi), el SIAPA y distintas dependencias del Ayuntamiento de Zapopan.

Los vecinos buscan que el terreno permanezca en las condiciones actuales mientras se resuelve el fondo del litigio. Entre las medidas solicitadas se encuentra paralizar movimientos de tierra, excavaciones, nivelaciones, retiro de vegetación y otras intervenciones relacionadas con la preparación y construcción del complejo habitacional.

La suspensión también pretende impedir temporalmente nuevas autorizaciones, permisos o licencias que permitan avanzar en el desarrollo. Se trata de una medida cautelar y no de una resolución definitiva sobre la legalidad del proyecto: el fondo de las reclamaciones deberá resolverse posteriormente dentro del propio juicio.

El recurso cuestiona una cadena de decisiones administrativas que hicieron posible la intervención del terreno. Entre ellas está el decreto 30191/LXIV/26, aprobado por el Congreso de Jalisco el 28 de mayo, mediante el cual se autorizó la donación del predio al Ijalvi para el programa Legado; además de un dictamen municipal de usos y destinos, la previabilidad de servicios del SIAPA y la licencia de movimiento de tierras otorgada por Zapopan el 22 de julio.

Según la documentación presentada en el juicio, el proyecto contempla 10 torres de cinco niveles y 200 viviendas de 60 metros cuadrados, con un cajón de estacionamiento por unidad. El terreno comprende aproximadamente 12 mil 830 metros cuadrados y originalmente formó parte de las áreas de donación del fraccionamiento.

Los habitantes argumentan posibles afectaciones a derechos relacionados con el medio ambiente sano, el desarrollo urbano y la participación ciudadana, y cuestionan la suficiencia de estudios sobre impacto hidrológico y los riesgos derivados de la cercanía con el Río Blanco.

• Con la admisión del amparo 1517/2026, la disputa entrará ahora en una nueva etapa, pues buscan la primera resolución para determinar si procede la suspensión provisional solicitada por los vecinos y, con ella, el freno temporal a los trabajos de Legado.