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Guadalajara, Jalisco.
El Consejo Nacional de Productores Agaveros denunció una problemática grave en el sector, derivada del incumplimiento de un acuerdo alcanzado con la industria tequilera para la compra de su producción.
José de Jesús Salazar Sazueta, presidente jurídico del organismo, señaló que, pese a que se pactó la adquisición del 10% del agave que consume la industria, hasta el momento no se ha comprado ninguna tonelada, lo que pone en riesgo cosechas que ya se encuentran en su punto óptimo y podrían perderse.
Denuncia del Consejo Nacional de Productores Agaveros sobre incumplimiento
El representante explicó que, además del incumplimiento, los productores enfrentan presuntas prácticas de intermediación o “coyotaje”, así como limitaciones para comercializar su producto debido a que las guías de trazabilidad están en manos del Consejo Regulador del Tequila.
Esto, dijo, impide que los agaveros puedan vender libremente, obligándolos en algunos casos a aceptar precios muy por debajo de lo establecido, que era de 6.85 pesos por kilo, o a adquirir dichas guías para poder movilizar su producción.
“Hubo un acuerdo en la secretaría de agricultura en la delegación de Jalisco que representa aquí el licenciado Alfredo Porras Domínguez donde se hicieron mesas de trabajo con la industria
...Y con CRT para que llegaran a un acuerdo y lo hicieron de forma verbal que se les iba a comprar toda su producción de los (productores de agave que representa el 10% de lo que consume la industria)...
Pero al día de hoy no les han comprado absolutamente nada, no se ha cumplido la cuerda y lo que pasa es que es producto que está en la fecha límite para que no se vaya a echar a perder”.
Reacciones y posibles acciones legales ante la falta de compra
Ante este panorama, Salazar Sazueta indicó que el sector, que agrupa a más de 45 mil familias, prioriza el diálogo con la industria y las autoridades.
Sin embargo, advirtió que, de no obtener una solución, recurrirán a instancias legales para exigir la entrega de las guías de trazabilidad y evitar pérdidas que podrían ascender a miles de millones de pesos.
Aseguró que los productores actúan dentro del marco legal y buscan condiciones justas para evitar que su trabajo e inversión de hasta ocho años se pierdan.
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