Redacción

América Latina concentró el 85 por ciento de los asesinatos de personas defensoras del territorio y el medio ambiente registrados durante 2025, de acuerdo con información publicada por Deutsche Welle (DW), con base en el más reciente informe de Global Witness.

A nivel mundial fueron asesinadas al menos 124 personas defensoras durante ese año, mientras que en América Latina se registraron alrededor de 105 casos.

Colombia encabezó la lista por cuarto año consecutivo, con 39 asesinatos, seguida de Brasil, con 26. Honduras registró 12 casos, México 10 y Guatemala 8. Fuera de América Latina, Filipinas también reportó 12 asesinatos.

Global Witness advirtió que las cifras representan un estimado mínimo, debido a que únicamente contabiliza los casos que pueden ser verificados de manera independiente, por lo que el número real podría ser mayor.

Desde 2012, la organización ha documentado el asesinato y desaparición de 2 mil 375 personas defensoras del ambiente y el territorio en todo el mundo, con América Latina como la región más afectada.

El informe señala que los conflictos territoriales estuvieron relacionados con más de la mitad de los asesinatos registrados durante 2025. Las actividades mineras y extractivas fueron vinculadas con 11 casos, los intereses madereros con ocho y la agroindustria con seis.

Además, alrededor del 36 por ciento de las víctimas asesinadas en América Latina pertenecían a pueblos indígenas y el 40 por ciento eran personas campesinas.

En Colombia, 35 de los 39 asesinatos documentados estuvieron relacionados con conflictos por la tierra. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que la reducción respecto al año anterior no necesariamente representa una mejora en las condiciones de seguridad, debido a la persistencia de amenazas, desapariciones, secuestros y otros tipos de agresiones.

Ante este escenario, distintas comunidades han desarrollado mecanismos de protección colectiva, entre ellos patrullajes territoriales, sistemas de alerta temprana y redes de monitoreo comunitario.

En Perú, integrantes del pueblo kakataibo mantienen desde hace cinco años una Guardia Indígena para vigilar su territorio ante el avance del crimen organizado y los cultivos ilegales de coca.

Global Witness considera necesario fortalecer estos mecanismos comunitarios, combatir la impunidad, garantizar el acceso a la justicia y reforzar la protección de quienes defienden el territorio y el medio ambiente.

• Con información de Deutsche Welle (DW) y Global Witness.