A seis meses del atentado contra Erik Saracho, organizaciones denuncian falta de avances
Imagen ilustrativa tomada por la Policía de Zapopan




Guadalajara, Jalisco.

A seis meses del ataque armado contra el ambientalista Erik Saracho Aguilar en San Pancho, Nayarit, organizaciones civiles denunciaron que no existen avances públicos para identificar y detener a los responsables materiales e intelectuales de la agresión.

El atentado ocurrió la mañana del 11 de marzo, cuando Saracho regresaba a su domicilio después de llevar a su hija al transporte escolar.

Un hombre armado disparó contra el activista, quien resultó herido en ambos brazos y sobrevivió al ataque.

Días después, la Fiscalía General de Nayarit difundió imágenes del presunto agresor y ofreció una recompensa de 100 mil pesos por información que permitiera localizarlo.

Este 13 de septiembre, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos señalaron que la carpeta de investigación RH/01157/2026 continúa en la Fiscalía estatal y afirmaron que, hasta ahora, no se ha localizado a los responsables.

Acciones de la autoridad

Saracho dirige desde 2008 Alianza Jaguar, organización dedicada a la conservación del felino y su hábitat. Su trabajo también se ha concentrado en la defensa ambiental de la costa norte de Jalisco y sur de Nayarit, una región sometida a una intensa expansión turística e inmobiliaria.

Antes del atentado, el activista había participado en denuncias relacionadas con desarrollos inmobiliarios en San Pancho.

Dos días antes de la agresión había asistido a una reunión con autoridades y representantes empresariales para discutir inconformidades sobre un proyecto residencial en la zona.

Las organizaciones pidieron a la Secretaría de Gobernación apoyar la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República, garantizar medidas de protección para Saracho y su familia y reforzar la inspección de desarrollos turísticos en Bahía de Banderas y Compostela.

  • También demandaron aplicar las disposiciones del Acuerdo de Escazú para fortalecer la protección de las personas defensoras ambientales en México.