Guadalajara, Jalisco

La Comisaría de Sentenciados de Puente Grande enfrenta nuevos señalamientos por la presunta operación de un sistema de autogobierno al interior del penal, donde son los internos quienes controlan la venta de productos, diversos servicios e incluso actividades ilícitas, de acuerdo con información publicada este 3 de agosto por Grupo Reforma en las portada de sus tres diarios: Reforma, El Norte y Mural.

Según testimonios recabados por ese grupo editorial, algunos artículos y servicios alcanzan costos muy superiores a los del exterior.

Entre los ejemplos mencionados se encuentran cervezas de gran tamaño, o caguamas, con un precio de hasta 200 pesos, presuntos cobros de dos mil pesos por visitas conyugales y la renta de teléfonos celulares por alrededor de 15 mil pesos.

La fuente es una mujer que acude regularmente al centro penitenciario, y quien aseguró, bajo condición de anonimato, que la organización interna controla buena parte de la actividad comercial dentro del penal y que incluso asigna a las personas encargadas de vender alimentos y otros productos.

De acuerdo con su relato, durante las visitas familiares existen internos que permanecen cerca de los espacios de convivencia para escuchar las conversaciones entre las personas privadas de la libertad y sus familiares.

También afirmó que la autoridad penitenciaria tiene escasa presencia en esas áreas, mientras que quienes ejercen el control son integrantes del llamado autogobierno.

El reportaje refiere, además, que algunos visitantes y fuentes consultadas señalaron la existencia de cobros por servicios básicos, como el uso de regaderas, así como sobreprecios en artículos de higiene personal, bebidas y alimentos.

Una fuente de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (Digpres), citada por Grupo Reforma, sostuvo que desde el cambio en la estructura del autogobierno registrado hace algunos meses se incrementaron los precios de distintos productos comercializados dentro de los módulos penitenciarios.

La misma publicación destaca la presunta operación de actividades ilícitas, entre ellas la venta de alcohol, drogas y servicios sexuales, cuyo funcionamiento y costos variarían según las condiciones internas del penal.

La Comisaría de Sentenciados forma parte del complejo penitenciario de Puente Grande, administrado por el Gobierno de Jalisco.

• En ese mismo complejo operó durante años el Centro Federal de Readaptación Social, cuyas instalaciones fueron desocupadas por el Gobierno federal en 2020 y posteriormente adaptadas para albergar una base de la Guardia Nacional, inaugurada en mayo de 2025.