Guadalajara, Jalisco.

El Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) abrió un nuevo frente jurídico para mantener en pie el proyecto habitacional Legado en Mirador de San Isidro.

Ahora busca que el juicio de amparo promovido por vecinos sea desechado por completo, bajo el argumento de que fue presentado fuera del plazo legal y que los inconformes carecen de interés jurídico o legítimo.

El organismo estatal presentó un recurso de queja contra la decisión del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa que, el pasado 20 de agosto, admitió el amparo indirecto 1517/2026-II promovido por cinco vecinos. IJALVI pretende que un Tribunal Colegiado revoque esa determinación y ordene desechar la demanda.

La estrategia ocurre después de que el Instituto combatiera la suspensión otorgada dentro del mismo juicio. 

En esta ocasión, la impugnación ya no se dirige únicamente contra la medida cautelar que frenó actos relacionados con el predio, sino contra la existencia misma del juicio.

El primer argumento de IJALVI es que los vecinos acudieron demasiado tarde a la justicia federal.

Sostiene que el Decreto 30191/LXIV/26, mediante el cual el Congreso de Jalisco desincorporó el inmueble del dominio público, fue publicado el 11 de junio y constituye una norma “autoaplicativa”; es decir, que produjo consecuencias jurídicas desde su entrada en vigor sin necesidad de un acto posterior.

• Según esta interpretación, los vecinos disponían de 30 días para combatir el decreto. Como el amparo fue presentado hasta el 18 de agosto, IJALVI considera que resulta extemporáneo y que los actos fueron consentidos tácitamente. Por ello pide el sobreseimiento del juicio.

Argumentos sobre legitimidad y consecuencias del proyecto

El segundo frente apunta directamente a los vecinos. El Instituto sostiene que el terreno nunca formó parte de su patrimonio ni estuvo bajo su posesión y, por tanto, cuestiona que tengan interés jurídico o legítimo para combatir los actos relacionados con el predio.

IJALVI afirma además que, desde la entrada en vigor del decreto, el inmueble pasó a formar parte de su patrimonio.

Incluso argumenta que mantener detenido el proyecto puede incrementar, por inflación, los costos de construcción, materiales y mano de obra, además de afectar a los policías que serían beneficiarios del programa habitacional Legado Jalisco.

La petición final es que el Tribunal Colegiado revoque la admisión del amparo y ordene desecharlo de plano; de manera subsidiaria, solicita que el Juzgado Cuarto vuelva a analizar si existen causales para impedir que el juicio continúe.

Sobre este hecho, el propio gobernador Pablo Lemus ha declarado que se reunirá con los vecinos para escuchar sus demandas y proponer alternativas. Mientras tanto, la dependencia a su cargo continúa en la batalla jurídica por el predio.