Guadalajara, Jalisco.

Documentos oficiales obtenidos vía transparencia revelan que la Comisión Técnica Tarifaria del transporte público en Jalisco nunca aprobó una tarifa de 14 pesos, pese a que esa cifra fue comunicada posteriormente al gobernador del estado y se utilizó como base para la política tarifaria anunciada por el gobierno estatal.

La evidencia se encuentra en la versión estenográfica y el acuerdo oficial de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico Tarifario, realizada el 26 de diciembre de 2025.

En ese documento, firmado por los integrantes del órgano técnico, se establece que la fórmula de indexación tarifaria aprobada por mayoría de votos (cuatro a favor y dos en contra) arroja una tarifa ponderada promedio de 13.03 pesos.

El acuerdo señala textualmente que, derivado del cálculo técnico con base en los insumos entregados por la Secretaría de Transporte y los indicadores estipulados en la ley, el incremento porcentual fue de 7.72%, lo que generó una tarifa ponderada promedio de 13.03 pesos para el periodo 2026-2030.

Sin embargo, en otro documento oficial fechado ese mismo 26 de diciembre de 2025, el secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, envió un oficio al gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro informando que la tarifa técnica sería de 14 pesos.

• La discrepancia no es menor. El acuerdo técnico firmado por la comisión, único órgano responsable de emitir el dictamen tarifario, no menciona en ningún momento una tarifa de 14 pesos, sino únicamente el resultado de 13.03 pesos derivado de la fórmula de indexación.

Acuerdo gubernamental y consecuencias legales

Posteriormente, en el acuerdo gubernamental publicado en el medio oficial del gobierno estatal, es donde se define la política tarifaria del transporte. Se establece una tarifa técnica de 14 pesos, con un subsidio que reduce el pago a 11 pesos para usuarios de la tarjeta “Al Estilo Jalisco”.

Aunque hoy se echó para atrás la obligación de operar la Tarjeta Única como mecanismo de acceso al subsidio, este hallazgo abre interrogantes administrativas y legales. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece obligaciones para los funcionarios en el manejo y aplicación de actos administrativos basados en resoluciones técnicas y legales.

Especialistas consultados señalan que, si el acuerdo tarifario que sustenta la política pública no coincide con el dictamen técnico aprobado por la comisión, podrían configurarse responsabilidades administrativas por inconsistencias en el procedimiento o por la interpretación del dictamen tarifario.

Además, hoy queda documentado como una inconsistencia entre los documentos oficiales de la comisión tarifaria y el acuerdo con el que se justificó el incremento al transporte público en Jalisco. Lo que abre la puerta a nuevos amparos, en caso de que este Acuerdo no sea cancelado.