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Guadalajara, Jalisco.
La abrupta desaparición del tribunal agrario número 16, con sede en Guadalajara, notificada la semana pasada por el gobierno de la república, ha generado protestas entre abogados agrarios y representantes campesinos e indígenas, que ven en esa decisión, justificada bajo las premisas de la “austeridad republicana”, una merma considerable a la capacidad institucional para resolver litigios y trámites de cientos de núcleos que son poseedores de 41 por ciento del territorio de Jalisco.
Así lo ha considerado la presidenta del Colegio de Abogados de Jalisco por la Dignidad de la Justicia Agraria, Asociación Civil, Sonia Cristina Medrano Fernández.
¿Qué declararon los abogados agrarios sobre la extinción del tribunal 16?
“...El día 12 de de mayo, el pleno del Tribunal Superior Agrario se reúne para emitir un acuerdo que es el 11/2026 en donde determinan prácticamente la extinción del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16 y la redistribución de sus expedientes para los otros dos tribunales que también están en Jalisco, que es el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 13 y el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15
...Aquí lo que nos tiene preocupados al gremio es no solamente la extinción de ese tribunal. Realmente lo que nos tiene preocupados es esta redistribución a dos tribunales que ya de por sí están colmados de trabajo, que aparte ese acuerdo nunca se abarcó las condiciones de cómo iban a reforzar esos dos tribunales de si le iban a dotar o no mayor personal, de si les iban a dotar las facultades para poder reorganizarse y para poder buscar instalaciones adecuadas...
Porque también es importante aquí analizar que no nada más se trata de de redistribuir asuntos en trámite, sino que también se trata de mandar expedientes que ya se encuentran archivados desde el año 1992 a la fecha...
Entonces, ese envío es voluminoso y realmente los dos tribunales que están en la ciudad de Guadalajara no tienen los espacios adecuados para poder albergar todo ese archivo.
Ese archivo muerto que ya viene y aparte no tienen, laboralmente hablando, los trabajadores necesarios para sacar ese cúmulo de trabajo. ¿Qué es lo que provoca en este caso? Pues prácticamente que la justicia no sea pronta ni expedita. Si de por sí vemos que esos tres tribunales con el trabajo que tienen, vemos que hay una un retardo en la impartición de justicia, ahora mucho más lo vamos a ver, porque entre lo que se cambian, en lo que redistribuyen y cambian esos expedientes, pues obviamente pueden llegar a pasar semanas o meses en lo que se radican, en lo que se archivan y en lo que se logra un acomodo. Entonces, definitivamente eso no ayuda para nada a la impartición de justicia”.
Por su parte, la abogada Melina Corona Martínez, secretaria de la agrupación, destacó la contradicción: por un lado, el discurso de favorecer a comunidades indígenas, y por el otro, eliminar un tribunal que tenía que ver en buena medida con asuntos de esos pueblos, sobre todo, los enclavados en el norte de Jalisco.
Foto: Agustín del Castillo
Contradicciones en la decisión: comunidades indígenas sin consulta previa
“...El acuerdo fue tomado a puerta cerrada en total arbitrariedad, es decir, no existe una consulta previa, libre, informada a las comunidades wixárikas, náhuas o tepehuanas de la región
...Pues esto realmente contradice de manera frontal con la reforma constitucional impulsada por el ejecutivo federal y su discurso sobre el tema de primero los pobres, ¿no? Es importante considerar que el estado de Jalisco es el sexto lugar nacional en la extensión de propiedad social y común por lo que es una pieza clave en el desarrollo agroalimentario nacional...
Mientras el ejecutivo federal habla del tema de acercar la justicia al pueblo, pues vemos de manera triste que el estado de Jalisco cada vez se aleja más de la expeditez de la justicia”.
El pasado 16 de mayo, el Observatorio sobre seguridad y justicia de la División de Estudios Jurídicos y Academia de Derecho Agrario del Departamento de Derecho Social y Disciplinas Auxiliares del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, también protestó por la medida tomada por el Supremo Tribunal Agrario.
“La decisión implica la redistribución de 587 expedientes que involucran a 29 municipios, 253 ejidos y 12 comunidades agrarias, cuya defensa territorial representa una de las luchas más nobles y dolorosas del campo mexicano.
Detrás de cada expediente hay familias, generaciones de trabajo y un vínculo profundo con la tierra, que no puede reducirse a una simple operación administrativa”, señala la institución.
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