Guadalajara, Jalisco

La comunidad indígena de Mezquitán, enclavada originalmente en los municipios de Guadalajara y Zapopan, y reconocida con títulos virreinales en 1690, alcanza 335 años de existencia jurídica inmersa en un largo conflicto con el gobierno federal, como resultado de una multimillonaria expropiación para ampliar 13 kilómetros de la carretera federal 54 que no se les ha liquidado desde la intervención de esa superficie de más de 27 hectáreas, en 2004. En ese año se les debieron pagar la menos 40 millones de pesos, pero recibieron apenas alrededor de 15%. La indemnización debe actualizarse y su pago ya es cosa juzgada por el Poder Judicial Federal, es decir, ineludible.

La contraparte es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), instancia que a lo largo de cuatro gobiernos federales se ha negado a honrar los convenios de 2004, con base en los cuales se dio la entrega de los terrenos, cuyo valor por metro cuadrado rebasaba 150 pesos, a lo que hay que añadir 21 años de inflación y el evidente cambio de su valor comercial, pues la ciudad ha invadido una zona antaño agrícola y los 333 campesinos y sus familias de la comunidad han perdido su modo de vida tradicional.

José Guadalupe Camargo Martínez, comunero de Mezquitán, destacó los pormenores de un acuerdo que la autoridad no respetó, y los obligó a interponer juicio agrario desde el año 2017.

De acuerdo al abogado defensor de la comunidad, Antonio Rocha Santos, la SICT ha tenido al menos seis oportunidades de resolver el problema: primera, en 2004, en que debió hacer el avalúo como se señalaba el convenio, y pagar; segunda, en 2017, cuando la comunidad presentó la demanda agraria 222/2017 que se pudo haber evitado; tercera, en agosto de 2021 (hace 4 años) cuando el tribunal agrario 16 dictó sentencia a favor de los comuneros; cuarto, el 22 de noviembre de 2023, cuanto el Tribunal Superior Agrario dio la razón a los comuneros en el recursos de revisión interpuesto por la SICT contra la sentencia; quinta, el 26 de diciembre de 2024, hace 7 meses, cuando se declaró improcedente el amparo que interpuso la SICT y se confirmó la sentencia de los tribunales agrarios. La sexta oportunidad fue apenas el pasado 27 de mayo, cuando el Tribunal agrario requirió a la SICT para que elaborara el avalúo del pago dentro de un término de 10 días, y solo enviaron una solicitud al Indaabin (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales), a través de su pagina de internet.

A más de 60 días, los comuneros denuncias obstrucción de la justicia y desacato en el cumplimiento de la sentencia.

Esto señala la comunera María Concepción Velázquez Meza.

Los afectados acordaron en la asamblea de ayer, pedir a las instancias jurisdiccionales la integración de expedientes de juicios políticos y penales contra los funcionarios omisos, y valoran no acudir a la siguiente reunión a la que han sido citados, en agosto 10, en señal de protesta. Pero no descartan medidas más enérgicas en demandas de sus derechos.