Ciudad de Panamá

'El Maestro de Ciencia', nombre artístico de Narciso Cosme Aguilar, ya no recita las décimas del canto de mejorana, una expresión del folclor de Panamá. Se le olvidan los versos, tampoco los escribe por la rigidez de los dedos, efectos de la ingesta, hace 21 años, de un jarabe para la tos envenenado que le dio el seguro social.

Aguilar, padre de nueve hijos, tenía 45 años y trabajaba en servicios de mantenimiento de edificios cuando en 2005 se resfrió y acudió a una clínica de la Caja del Seguro Social (CSS) en la capital. Allí, un médico le recetó el jarabe para la tos elaborado por la institución con dietilenglicol, un refrigerante industrial.

"Nadie sabía que era un jarabe envenenado", comenta a EFE este hombre de ojos enrojecidos y una sonrisa que es casi una mueca, de quien está resignado ante la desgracia, mientras relata que al tomarlo tres veces al día, como le indicó el galeno, sentía que se le quemaba la garganta y el estómago, y se mareaba al punto que debía agarrarse de algo para no caer.

En total, Aguilar se tomó un frasco y medio del jarabe envenenado, hasta que decidió dejarlo por los síntomas que le producía y que solo serían el principio de un viacrucis que continúa.

"Yo jamás había sufrido de la presión (arterial), no era diabético, no tenía nada de eso. Ahora (siento) dolores por todo el cuerpo", y olvida todo, afirma este hombre que vive solo.

Aguilar relata que no puede trabajar desde 2013, cuando su deterioro físico y mental se aceleró. Ahora se dedica en su casa a la jardinería y visita a su hermano, que tiene una rosticería, para entretenerse.

"Yo tuve que dejar de cantar. Cuando iba por la cuarta línea se me olvidaba (...) siento depresión, mucha depresión, porque no tengo vida propia", lamenta.

"Truncaron nuestras vidas"

Omayra Tristán una panameña de 63 años y víctima del envenenamiento masivo en Panamá, posa durante una entrevista con EFE el 23 de abril de 2026 en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Aguilar es una de las miles de víctimas -entre ellas al menos 800 muertos según activistas - del envenenamiento por dietilenglicol registrado en Panamá entre 2004 y 2006, una de las peores tragedias de su tipo en el mundo y que dejó al descubierto una cadena de suministros internacional y local plagada de falsificación y negligencia, como dijo la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe de julio de 2025.

El deterioro neurológico y los dolores en el cuerpo que describe Aguilar también los sufre Omayra Tristán, ahora de 63 años, quien ingirió el jarabe envenenado cuando se resfrió en 2006.

Esta mujer pequeña, que usa anteojos y pudo seguir trabajando en planillas y contabilidad hasta 2017 "gracias a la comprensión" de su empleador, recuerda que apenas comenzó a tomar el jarabe sufrió dos episodios de desvanecimiento, y luego vinieron "el problema neurológico" y una salud frágil en general.

"Trucaron nuestra vida, nuestras familias, todo nuestro entorno", afirma la señora Omayra, quien asegura que se sobresalta cada día, pues teme morir en cualquier momento.

Ofelia González, de 66 años, siente una debilidad general y es alérgica a casi todo como consecuencia de la ingesta del jarabe envenenado, como comenta a EFE.

La pensión vitalicia de 1.000 dólares que recibe como víctima del dietilenglicol "se va en productos especiales" para la piel y cabello, afirma, y agrega que se compró un perrito de mascota para combatir la depresión y el temor que tiene de morir a causa de esta situación.

Alrededor de 950 víctimas del jarabe envenenado reciben la pensión vitalicia, entre ellos Aguilar, Tristán y González, y otras 700 están en proceso de certificación para poder cobrarla, dijo a EFE el Comité de Familiares por un derecho a la salud y la vida (Cofadesavi).

El ente considera insuficiente las compensaciones de 25.000 dólares determinadas este mes por el Supremo para cada una de tres víctimas del jarabe envenenado, en un fallo que atiende uno de los más de 470 casos que estudia la máxima corte de Panamá.

• El Cofadesavi ha presentado 562 demandas por un monto de 302.520.944,60 dólares, que contemplan el lucro cesante y también el daño moral, psicológico y otros que las víctimas conllevan.