Guadalajara, Jalisco.

Aunque estaba prevista para enero próximo, el Juez Décimo de Control, Felipe de Jesús Rivera Gallegos, citó hoy a comparecer a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, Javier Armenta, Ilich Cisneros y Alexis Rojas, en relación al caso Iconia.

La solicitud de adelantar la fecha es del Asesor Jurídico de las empresas Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Rivera Deluxe, así como del Ministerio Público. 

Justo a principios de este año, los tres estudiantes fueron llevados a prisión preventiva por el Juez Décimo de Control, Felipe de Jesús Rivera Gallegos, por el presunto delito de despojo con violencia de inmuebles y aguas.

Esto, después de que un grupo de ciudadanos instalara por 144 días un campamento en el llamado Parque Resistencia Huentitán, donde se busca construir el desarrollo Iconia.

Dado que hubo presiones de distintos sectores políticos, de universidades y grupos sociales, incluso a escala internacional, la decisión se revocó a los pocos días.

La Fiscalía aseguró que los jóvenes estaban armados y actuaron con violencia para “tomar” el predio, pero no pudieron demostrarlo.

Durante esos 144 días, en ese espacio propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara se realizaron actividades culturales, siembra de árboles y eventos deportivos. 

Los colectivos que quieren impedir la construcción de un desarrollo comercial e inmobiliario por encima de un parque señalan que, desde 2008, las empresas Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Rivera Deluxe tomaron el predio de forma irregular, pues incumplieron las contraprestaciones que se acordaron hace 15 años para cederlo.

De hecho, incluso se han hecho ventas de derechos sin que exista autorización del Gobierno municipal.

El desalojo de los estudiantes se realizó el 19 agosto de 2021. El mismo juez que los vinculó a proceso fue quien ordenó a la Fiscalía que los retirara del sitio.

Los tres estudiantes hoy están vinculados a proceso, aunque en libertad y con medidas cautelares.

• Esto, pese a que hay más de 10 recursos, denuncias y quejas presentadas por vecinos, organizaciones y los propios estudiantes ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción, el órgano interno de control de Guadalajara y diversas dependencias federales y estatales. Ninguna autoridad ha fijado postura al respecto desde entonces.