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Guadalajara, Jalisco.
Integrantes de la comunidad wixárika, acompañados por familiares de víctimas y representantes legales, exigieron la remoción del juez Francisco Barrera Gómez, a quien acusan de extralimitarse en sus funciones y de incurrir en conductas que afectan el debido proceso en distintos casos judiciales en la Región Norte de Jalisco.
Denuncias sobre irregularidades en casos judiciales
De acuerdo con el abogado José Agustín Cabrera Martínez, asesor jurídico de las víctimas, el juzgador fue asignado a un juzgado de oralidad donde —asegura— ha mostrado dificultades para desahogar audiencias, lo que ha derivado en un trato inadecuado hacia víctimas, imputados y abogados.
El litigante señaló que existen al menos dos casos que evidencian irregularidades. El primero corresponde a un expediente por abuso sexual que, afirmó, fue desechado de manera ilegal. El segundo es un caso de homicidio en el que, por presunta negligencia del juez, el proceso tuvo que reponerse al no haberse conducido conforme a derecho.
Foto: Isaack de Loza
Reacciones y acciones oficiales ante la inconformidad
Añadió que en una audiencia reciente, celebrada hace tres semanas, el juez habría evidenciado desconocimiento del sistema penal acusatorio al dictar un auto de homicidio en riña, lo que —según explicó— afecta directamente a las víctimas, entre ellas un marakame reconocido en la comunidad.
Cabrera Martínez también denunció que durante las audiencias el juez ha incurrido en expresiones ofensivas, lo que ha generado inconformidad entre las familias, quienes consideran que su actuación vulnera sus derechos y afecta la confianza en la impartición de justicia.
Ante esta situación, se informó que personal del Consejo de la Judicatura se presentó en la zona para atender las quejas.
Sin embargo, según el abogado, el propio juez habría señalado previamente que no sería removido, bajo el argumento de que pocos funcionarios aceptan trabajar en la región y por presuntos vínculos con altos mandos del Poder Judicial.
Esta inconformidad ha derivado en manifestaciones por parte de la comunidad wixárika, que insiste en la necesidad de contar con autoridades judiciales con sensibilidad cultural y apego a derecho, pues señalan que históricamente la Zona Norte ha sido asignada a funcionarios sancionados o con bajo desempeño, lo que agrava las condiciones de acceso a la justicia.
Los inconformes reiteraron su exigencia de que el juez sea removido del cargo y se garantice una impartición de justicia adecuada en la región.
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