Guadalajara, Jalisco.

El Congreso de Jalisco aprobó un acuerdo legislativo en el que denuncia presuntas campañas mediáticas de odio, descalificaciones y mecanismos de presión contra diputadas y diputados por el ejercicio de sus funciones parlamentarias. El documento advierte sobre acciones coordinadas para inhibir o condicionar el trabajo legislativo mediante ataques públicos y campañas de desprestigio.

El acuerdo, firmado por representantes de prácticamente todas las fuerzas políticas del Congreso local, plantea un posicionamiento inusual: el reconocimiento explícito de que existen operaciones externas que buscan castigar o desacreditar a legisladores por expresar posiciones críticas o distintas dentro del debate público.

Aunque el documento evita señalar directamente responsables, el trasfondo abre una discusión más profunda sobre el uso de recursos públicos y estructuras de comunicación política para atacar voces incómodas desde el poder.

Desde hace años, actores políticos en Jalisco, periodistas y opositores han denunciado la existencia de redes digitales y campañas coordinadas en redes sociales utilizadas para golpear reputaciones, instalar narrativas o desacreditar críticas al gobierno.

Denuncias sobre granjas de bots y ataques digitales en Jalisco

El acuerdo sostiene que estas prácticas van más allá de la discrepancia política natural y constituyen intentos de presión contra representantes populares.

Incluso, el Congreso reivindica la pluralidad y el disenso como elementos esenciales de la democracia y rechaza que el debate público se sustituya por campañas de hostigamiento o linchamiento digital.

Uno de los puntos más delicados es el sexto acuerdo, donde la Legislatura rechaza campañas de desprestigio, señalamientos públicos infundados y acciones coordinadas orientadas a condicionar las posiciones de diputadas y diputados.

El lenguaje utilizado apunta a fenómenos que en México han sido ampliamente vinculados con ejércitos digitales, cuentas automatizadas y operaciones de propaganda financiadas desde estructuras gubernamentales o partidistas.

El texto también reivindica la inviolabilidad parlamentaria y la libertad de expresión legislativa, al recordar que los diputados no pueden ser reconvenidos por sus opiniones en el ejercicio de su cargo.

• Cabe recordar que desde hace meses tanto diputados como activistas han denunciado la proliferación de granjas de bots que utilizan perfiles falsos generados con inteligencia artificial para empujar discusiones y vulnerar el debate público.