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Guadalajara, Jalisco.
La Contraloría Ciudadana Independiente presentó una denuncia administrativa contra Pablo Fernando Quesada Gómez, director general del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), por la posible existencia de un conflicto de interés debido a que, de acuerdo con la documentación presentada, mantiene una posición dentro de Grupo Financiero Santander México.
El señalamiento se suma a un tema que hemos abordado esta semana en UDG Noticias:
Quesada Gómez llegó a la dirección del Ipejal después de una larga trayectoria profesional en Santander y, al mismo tiempo que encabeza el organismo encargado de administrar los recursos de los trabajadores del Estado, mantiene un vínculo con el grupo financiero.
La denuncia ciudadana, dirigida a la contralora del Estado, Teresa Brito Serrano, plantea que esta situación debe ser investigada para determinar si existe una incompatibilidad con sus responsabilidades como funcionario público.
- La preocupación de la Contraloría Ciudadana, representada en esta denuncia por Jorge Carlos Ruíz Romero, adquiere relevancia porque el director general del Ipejal forma parte del Consejo Directivo del Instituto, un órgano que participa en la definición de criterios y políticas para la inversión de los recursos, además de intervenir en la aprobación de contratos, convenios y estados financieros.
Relación financiera y medidas solicitadas
El propio documento señala que el Ipejal mantiene relaciones financieras con instituciones de Grupo Santander, por lo que solicita revisar si Quesada Gómez ha participado en decisiones relacionadas con ese grupo.
Adicionalmente, la Contraloría Ciudadana Independiente pide que se investigue si el funcionario cumplió con las obligaciones legales relacionadas con la separación de intereses económicos y la prevención de conflictos de interés.
También solicita revisar su declaración de intereses, los instrumentos mediante los cuales habría separado sus intereses privados y las operaciones, contratos e inversiones del Ipejal relacionadas con Santander.
Se plantea además que, mientras se esclarece la situación, Quesada Gómez sea separado de cualquier intervención, voto o autorización en operaciones del Ipejal en las que participe Santander o alguna de sus empresas.
También solicita información sobre los contratos vigentes con el grupo financiero, las comisiones pagadas y las decisiones adoptadas por los órganos del Instituto desde que asumió la Dirección General.
El documento aclara que haber trabajado anteriormente en Santander o formar parte de su Consejo de Administración no demuestra por sí mismo la existencia de un conflicto de interés ni acredita una participación accionaria prohibida por la legislación.
Y por ello, la organización ciudadana solicita que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes y determinen si existe alguna responsabilidad administrativa.
Así, el caso que hemos venido siguiendo entra ahora en una nueva etapa, pues ya no se trata únicamente de cuestionar públicamente la doble función de Quesada Gómez, sino de una denuncia administrativa que pide revisar formalmente sus posibles implicaciones.
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