Guadalajara, Jalisco.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ha lanzado un llamado de atención a las instituciones de procuración de justicia y atención a víctimas en el estado al emitir la recomendación concentradora 19/26.

Este documento, descrito como una "macrorrecomendación" por su volumen, aglutina 107 quejas ciudadanas relacionadas con la desaparición de 119 personas en un periodo que abarca desde 2011 hasta 2025. El hallazgo más devastador de la investigación es que, de la totalidad de las víctimas, solo 16 fueron localizadas, y todas ellas sin vida.

En una detallada entrevista para el programa Cosa Pública 2.0, Alejandro Murillo, primer visitador de la CEDHJ, desglosó los hallazgos de este exhaustivo informe que evidencia una crisis sistémica en la gestión de desapariciones en Jalisco.

Las quejas provienen de hechos ocurridos en al menos 17 municipios, incluyendo la Zona Metropolitana de Guadalajara (Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto) y municipios del interior como Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, Chapala y Ocotlán. Del total de víctimas, 11 son mujeres y 108 son hombres.

Murillo enfatizó el trágico saldo de las labores de búsqueda realizadas por las autoridades estatales.

"Logramos concluir un total de 107 quejas que aglutinan un número de 119 personas desaparecidas en estas. Del total, 11 son mujeres y 108 son hombres.

Este, comentarte que de las 119 personas desaparecidas, 16 fueron localizadas por las autoridades en el transcurso de las investigaciones. Sin embargo, este, estas 16 fueron localizadas sin vida. Este no hubo la posibilidad, no se dio el hecho de que fueran localizadas algunas con vida".

Autoridades señaladas y causas de la crisis

La recomendación señala directamente como autoridades violadoras de derechos humanos a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV).

El denominador común encontrado en los 107 expedientes es una alarmante omisión en la función pública y violaciones sistemáticas a los derechos de acceso a la justicia, integridad, seguridad personal y legalidad.

La raíz del problema, según la CEDHJ, radica en un colapso operativo por la falta crítica de recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos.

Esto impide que las autoridades actúen con la celeridad y dignidad que exigen las familias de los desaparecidos.

Murillo ofreció una cifra negra que ilustra la imposibilidad física de los agentes del Ministerio Público para dar seguimiento adecuado a los casos: existen agencias donde un solo MP tiene bajo su responsabilidad 500 o más investigaciones en curso.

"Encontramos agencias del Ministerio Público con 500 o más investigaciones en curso. Esto imposibilita que se les dé una atención como lo merece cada investigación, cada uno de los familiares de estas personas.

Las autoridades en sus mismos informes nos han señalado que pues la carga de trabajo es este lo rebasa y que incluso si le dedicaran un día a cada carpeta tendrían que volverla a retomar al año siguiente".

El visitador también detalló omisiones graves en la aplicación de los protocolos de búsqueda inmediata, perdiéndose horas vitales tras el reporte de la desaparición.

Además, denunció una práctica constante de revictimización, donde las autoridades agotan rápidamente sus líneas de investigación y exigen a los familiares aportar nuevos elementos, o peor aún, ignoran los datos y testigos que las propias familias consiguen.

La macro recomendación documenta incluso casos de desaparición forzada con participación directa de policías municipales en El Arenal, y omisiones graves como primeros respondientes en Tonalá.

• Asimismo, señala retrasos de hasta dos años en la identificación de cuerpos por parte del IJCF y la falta de asesores jurídicos en la CEAV debido a la alta rotación y bajos salarios. Ante este escenario, la CEDHJ ha urgido a las dependencias a solicitar partidas presupuestales especiales para el año 2027 que permitan aumentar la capacidad personal y tecnológica para enfrentar esta tragedia humanitaria.